Guinea recurre en amparo la decisión del Supremo de devolver su condición de asilado político a Severo Moto

 

Guinea recurre en amparo la decisión del Supremo de devolver su condición de asilado político a Severo Moto

Actualizado 20/05/2008 20:26:08 CET

Alega que la decisión del TS supuso una intromisión en la actividad política del Gobierno, que había retirado dicha condición al opositor

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La República de Guinea Ecuatorial, a través de sus abogados en España, ha recurrido en amparo la decisión adoptada a finales del pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo de devolver la condición de asilado político al opositor ecuatoguineano Severo Moto. El dirigente se encuentra en prisión provisional en España desde el pasado 16 abril por orden de la Audiencia Nacional, acusado de un delito de tráfico de armas de guerra.

Guinea entiende que el Supremo vulneró derechos fundamentales al no aceptar como prueba los informes, eliminando las tachaduras, que fueron elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la supuesta participación de Moto en un intento de golpe de estado en dicho país en 2004.

El texto del recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende que durante que el proceso que devolvió a Moto su condición de asilado se vulneraron derechos fundamentales como el de tutela judicial efectiva, el de utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa de los intereses de Guinea y a un proceso a todas las garantías.

Además, considera esta parte que la decisión del Tribunal Supremo supuso una intromisión en la actividad política del Consejo de Ministros, que fue el organismo que en enero de 2006 revocó la condición de asilado de Moto. A juicio de esta parte, el alto tribunal se tendría que haber limitado a comprobar que la decisión del Gobierno no era arbitraria, sin entrar en el fondo del asunto.

"Lo contrario, esto es, lo actuado por el Tribunal Supremo, supone un exceso de jurisdicción", añade el escrito presentado por Guinea, que insiste en el hecho de que el Supremo no aceptara como prueba la aportación de sendos informes realizados en octubre de 2005 por la Comisaría General de Información y el CNI, sobre la posible participación de Moto en el intento de golpe de estado de febrero y marzo de 2004 en el país africano.

INFORMES CON TACHADURAS.

Dichos informes fueron valorados como prueba por el tribunal pero con todos los nombres que figuraban en ellos tachados, y la solicitud de esta parte de aportar los documentos sin los citados borrones fue rechazada por el Supremo por "irrelevante".

Guinea protesta por dicha calificación al entender que todos los nombres tachados pertenecían a personas que habían estado en contacto con Moto "de cara la urdimbre de los golpes de estado contra el Gobierno legítimo de Guinea Ecuatorial encabezados por aquél". Entre ellos se encuentra Simon Mann, cabecilla de los mercenarios que está siendo juzgado en Guinea por el intento de golpe.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió devolver la condición de asilado político a Moto al considerar que el informe presentado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre sus actividades no probaba que constituyera "un peligro para la seguridad de España". Guinea critica que el Supremo no considerara suficientemente acreditada la comisión de hechos motivadores de la revocación de asilo cuando esta parte "había propuesto la prueba precisamente para ello".

"No ha lugar al menor atisbo de duda de que la prueba solicitada por esta parte, consistente en la identificación de las personas cuya identidad se ocultaba bajo las tachaduras era de especialísima trascendencia para la resolución del litigio", insiste la parte.

Según la sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado, Rafael Fernández Valverde, el informe del CNI no contenía "la más mínima referencia a que alguna de las actividades de Moto hubiera implicado un peligro para la seguridad" y se limitaba a asegurar que la presencia del opositor constituía un riesgo para el país.

Severo Moto disfruta del estatus de asilado político desde el 13 de marzo de 1986. El 10 de enero de 2006 esta condición le fue revocada por el Gobierno, si bien esta decisión quedó en espera de conocerse la decisión del Supremo.

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