Hacienda quiere "comprobar" la versión de la interventora de Cataluña de que los 6.150 euros eran para un software

 

Hacienda quiere "comprobar" la versión de la interventora de Cataluña de que los 6.150 euros eran para un software

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Santamaría y Montoro en el Comité Preparatorio de Conferencia de Presidentes
EUROPA PRESS
Publicado 25/07/2017 14:10:09CET

Vidal Planella tiene que remitir este miércoles un listado con los nombres de los interventores de las consejerías

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda está analizando la respuesta de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, al requerimiento del Gobierno sobre el desvío de 6.150 euros del presupuesto de la Generalitat, con el objetivo de "comprobar", como ha dicho, que ese dinero era para el mantenimiento de un software relacionado con procesos electorales y no para el referéndum, según han indicado a Europa Press fuentes de este Departamento.

El Gobierno recibió este lunes por la tarde la respuesta de Vidal Planella sobre la citada partida, en la que se señala que estos gastos están relacionados con un contrato de mantenimiento ordinario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y, en concreto, al mantenimiento de un sistema de gestión informática.

Fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat recalcaron a Europa Press que se trata de "un tema de mantenimiento ordinario que no tiene nada que ver con el referéndum" de independencia que se quiere convocar el 1 de octubre.

Hacienda sigue aún analizando esta información remitida por la interventora general de Cataluña porque hay que identificar las partidas y "comprobar" que son para ese mantenimiento ordinario de ese software, han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA GENERALITAT

Esta partida detectada por Hacienda llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a aprobar el pasado viernes un acuerdo por el que condicionaba el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum.

Por lo pronto, ese acuerdo de la Comisión Delegada dice que la interventora general de Cataluña remitirá el 26 de julio un listado de los órganos y entidades que conforman el sector público de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, así como los nombres de los máximos responsables de las mismas, y el listado de los interventores de las consejerías y los responsables económico financieros de las entidades.

Una vez remitidos esos listados, tendrá que remitir un certificado semanal con referencia expresa a la existencia o no de partidas presupuestarias que directa o indirectamente "pretendan financiar o financien procesos refrendatarios, así como las actuaciones llevadas a a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".

EL VIERNES, LA PRIMERA CERTIFICACIÓN

La primera certificación semanal será remitida este viernes 28 de julio y se referirá al periodo comprendido entre el 17 de julio y el 23 de julio, según se recoge en el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Adicionalmente, añade el acuerdo, se remitirá una certificación que se referirá al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que será remitido el 9 de agosto de 2017.

En caso de incumplimiento de la remisión de la información solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado el referéndum, Hacienda dará traslado a la Comisión Delegada para que adopte las medidas "procedentes" o se traslade a las autoridades competentes para la posible exigencia de responsabilidad administrativa, contable o penal.

"Se mantendrá la aplicación de lo previsto en este acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en la comunidad autónoma de Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma, en los términos descritos en este acuerdo", concluye.

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