NUEVA YORK, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La tercera sesión de la audiencia probatoria celebrada en el tribunal de Broward County (Estado de Florida) en relación con el caso de Pablo Ibar, el español condenado a muerte en Estados Unidos, contará con la declaración de Kayo Morgan, el abogado de oficio en el juicio en el que fue dictada la pena capital y quien reiteradamente se ha mostrado arrepentido por su incapacidad para brindarle en su momento una asistencia letrada efectiva, según informó hoy la Asociación contra la Pena de Muerte 'Pablo Ibar'.
En su declaración jurada presentada con motivo de la "apelación por defecto de forma de Pablo Ibar", Morgan admitió que a causa de su "situación física y mental, tanto antes como durante el juicio" --en referencia a una neumonía que se le produjo durante el proceso y a una detención de que fue objeto bajo la acusación de "agredir a una mujer embarazada", una "felonía" según sus propias palabras--, su "capacidad para representar a Ibar durante el nuevo juicio de 2000 fue deficiente, especialmente en el nivel exigido para un caso de pena de muerte".
"Pensé que podía superar las circunstancias, pero me equivoqué", prosiguió el abogado en su declaración. "El juicio estuvo plagado de ejemplos de mi debilidad y de mis pobres esfuerzos por responder a una acusación agresiva y lograr informes apropiados para la absolución y la apelación", añadió.
Ibar fue condenado a muerte en 2000 por el presunto asesinato, en 1994, del propietario de una vivienda de Mirarmar (Florida), Casimir Sucharski, y de dos mujeres, Sharon Anderson y Marie Rodgers. Kayo Morgan ha declarado públicamente, en reiteradas ocasiones, que se considera responsable de que Pablo Ibar fuera condenado a muerte porque se encontraba incapacitado para brindarle la asistencia letrada efectiva a la que tiene derecho según la Constitución de Estados Unidos.
Varios expertos juristas denunciaron "importantes irregularidades procesales" durante el desarrollo de las investigaciones y el juicio (por ejemplo, una rueda de reconocimiento en ausencia de un abogado) y, según la asociación, "ninguna" de las pruebas de ADN, huellas dactilares y análisis de pelos realizadas sobre muestras tomadas en el lugar de los hechos, correspondieron con el ADN, huellas dactilares o pelo de Pablo Ibar, "a pesar de que los asesinos permanecieron durante 22 minutos en el salón de la casa, durante los cuales son grabados todos sus movimientos".
"La principal prueba inculpatoria para Pablo Ibar es una fotografía obtenida de una imagen de malísima calidad extraída del vídeo que grabó el crimen y posteriormente manipulada", una prueba que "en España no podría utilizarse en un juicio debido a la manipulación sufrida".
EL EXPERTO BRITÁNICO
Precisamente, esta prueba es la que puso en entredicho en la primera sesión Raymond Evans, un experto británico en reconocimiento facial de reputación mundial y que suele hacer esta labor para la Policía de su país. En su declaración jurada, Evans aseguró que, "dada la mala calidad y la escasez de pruebas de vídeo e imágenes fijas (...), no es posible llegar a la conclusión de que el perpetrador y Pablo Ibar son una y la misma persona", por lo que la "calidad muy deficiente" de las imágenes impiden "su utilización en cualquier ejercicio de identificación positiva".
Según la asociación , la primera sesión se centró sobre todo en las objeciones presentadas por el Estado de Florida contra la declaración de Evans. Los tres representantes de la Fiscalía intentaron descalificar el peritaje aduciendo, en primer lugar, que Raymond Evans no era estadounidense sino británico, y, en segunda instancia, que el experto no era imparcial. El juez se reservó para posteriormente una decisión al respecto pero permitió que Evans presentara su peritaje, presentación que se produjo en la sesión de tarde del primer día.
La sesión de ayer --que sólo se celebró por la mañana porque el juez tenía que acudir a una consulta médica por la tarde-- se dedicó a las preguntas formuladas tanto por la defensa como por la fiscalía a Raymond Evans sobre su declaración.
Según la asociación, la mayor parte de las preguntas de la fiscalía "buscaban la descalificación del perito y no entraban en el contenido de su declaración, y la fiscalía acabó opinando que Raymond Evans carecía de cualificación para realizar tales peritajes". La defensa, compuesta por los abogados Benjamin Waxman y Alan Ross, objetó a gran parte de las preguntas de la fiscalía "y en la mayoría de las ocasiones el juez dio la razón a la defensa, lo que obligó a la fiscalía o bien a reformular las preguntas o a cambiar de línea argumental", prosiguió.
