BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de ICV y diputada en el Congreso, Laia Ortiz, ha criticado este lunes que el Gobierno catalán pueda cargar sobre los trabajadores públicos las consecuencias del "despropósito" de las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo catalán.
En rueda de prensa, ha reaccionado así a la posibilidad de que la Generalitat recorte hasta el 5% el sueldo de trabajadores públicos catalanes este año si el Gobierno no mueve ficha en esta cuestión y no toca las condiciones de los funcionarios para reducir el gasto.
"Cuando algo no le sale bien al Gobierno catalán se le rebaja el sueldo a los trabajadores públicos", ha lamentado en rueda de prensa Ortiz, que ha criticado que el Ejecutivo catalán finja que estos ajustes sobre los funcionarios no afectan a la calidad de los servicios públicos y del Estado de Bienestar.
Para la dirigente ecosocialista, la posibilidad de un nuevo ajuste supone que la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que debe aprobarse este miércoles en el Parlamento catalán "nace caducada" ya que se demuestra que sus previsiones económicas son erróneas.
Según Ortiz, el rechazo a las políticas que se están llevando a cabo se muestra en un "malestar que va más allá" de la reforma laboral y que se plasma en las continuas protestas y manifestaciones contra los recortes.
El colofón de estas protestas será la huelga general del 29 de marzo a la que los ecosocialistas ya han mostrado su apoyo con el deseo de que el Gobierno central "rectifique" sus políticas.
Sin embargo, Ortiz se ha mostrado desconfiada en que el Ejecutivo central pueda replantearse alguno de los puntos del real decreto ley convalidado este jueves en el Congreso: "Hasta ahora la actitud del Gobierno catalán de CiU y de Mariano Rajoy es no escuchar y dar la espalda", ha deplorado.
PLENO EN EL PARLAMENTO CATALÁN
La huelga general coincidirá presumiblemente con el pleno monográfico sobre la política de recortes que está llevando a cabo el Gobierno catalán, algo que los ecosocialistas no consideran "conveniente", por lo que han pedido que se cambie el pleno de fecha.
La reunión de la Junta de Portavoces de este martes debe decidir si se modifica la fecha prevista para el debate monográfico, aunque hace una semana CiU y PP --que suman mayoría-- ya mostraron reticencias a hacerlo.
