MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, considera que es el Gobierno catalán y especialmente su presidente, Artur Mas, quien debe poner las "garantías democráticas" para la celebración de la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre pese al recurso ante el Tribunal Constitucional, y ha garantizado que su formación va a seguir adelante con la campaña para llamar a la participación porque, a su juicio, "el 9-N no es el final de nada" y, pase lo que pase ese, día el "conflicto seguirá activo" y tendrá que resolverse por métodos democráticos.
En declaraciones en el Congreso, Coscubiela ha asegurado que su formación va a "defender con todos los medios políticos y jurídicos la viabilidad de la consulta". "Y lo vamos a hacer para que se realice siempre en términos de garantías democráticas que son claves. Quien tiene, en todo caso, que situarlas es el Govern de la Generalitat y el president Mas", ha explicado.
Coscubiela cree que el Gobierno de Mariano Rajoy está utilizando "el conficto con Cataluña" para "cohesionarse ideológicamente y tapar las miserias de su nefasta política económica" y ha acusado al presidente de "manosear" la Constitución "cinícamente" para frenar el proceso catalán.
NI AUTORIDAD NI CREDIBILIDAD
Desde su punto de vista, el Gobierno del PP no tiene "ninguna autoridad" para utilizar ahora una Carta Magna y una soberanía popular" a las que ha venido "pisoteando" con sus políticas sociales y con la reforma constitucional que aprobó junto al PSOE en 2011.
"Lo que sería exigible al PP y al Gobierno es que usara la Constitución no como arma arrojadiza contra democracia, sino como un instrumento para resolver un conflicto que no se puede resolver de otra manera que no sea con política", ha dicho.
Y también ha arremetido contra el Tribunal Constitucional y especialmente contra su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por poner la agenda de este organismo "al servicio de la estrategia del Gobierno" no sólo en el asunto catalán sino también en otros como el aborto o la reforma laboral. "Quienes más están deteriorando la credibilidad del Constitucional son sus ppios miembros", ha advertido.
