MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) - El Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido tomará el control de los Mossos d'Esquadra en aplicación del artículo 155 de la Constitución que dio luz verde a que el Consejo de Ministros aprobara el cese del Gobierno de Carles Puigdemont, incluyendo al consejero de Interior, Joaquim Forn, al secretario general de este Departamento, César Puig, y al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler. Tras la comparecencia del presidente Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, el director de los Mossos se despidió anoche de su cargo en una carta en la que "lamentaba profundamente" que la policía autonómica se hubiera visto salpicada por el proceso independentista. Uno de los más señalados judicialmente es el mayor y jefe operativo hasta esta madrugada, Josep Lluís Trapero. El máximo jefe operativo de los Mossos ha sido cesado tras publicar esta madrugada el BOE la orden ministerial firmada por Juan Ignacio Zoido. Josep Lluís Trapero, que se encuentra imputado en la Audiencia Nacional por un delito de sedición, fue nombrado el pasado 18 de abril mayor de los Mossos en un acto solemne presidido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Con este nombramiento, el Govern daba cumplimiento a la ley 10/1004 de la Policía de la Generalitat, que contempla la plaza de Mayor en la escala superior del cuerpo policial. Trapero, que ya era comisario jefe, fue el único candidato que optó a la plaza con la que se reforzaba su rango dentro del Cuerpo. En julio, dentro del cambio de Gobierno de Puigdemont para encarar con fieles al independentismo la hoja de ruta pactada con ERC y la CUP, Joaquim Forn sustituyó a Jordi Jané al frente de la Consejería de Interior y Pere Soler fue nombrado nuevo director general de los Mossos. Trapero siguió en su cargo. La gestión de los atentados yihadistas del 17 y 18 de agosto en La Rambla y Cambrils le dio fama, sobre todo por su gestión ante los medios de comunicación y los detalles de la última de hora sobre la investigación abierta tras la masacre. Un mes y medio después, se enfrentó a otro momento de tensión con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó que se impidieran los preparativos y la celebración de la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. Trapero había dado una orden interna el viernes previo al referéndum en la que aseguraba a sus mandos que los colegios estarían precintados a las seis de la mañana, pero a la vez limitaba el uso de la fuerza ante la previsible "resistencia pacífica". La actuación de los Mossos en aquella jornada está siendo investigada por varios juzgados y un informe policial ha puesto en duda los colegios presuntamente cerrados por el cuerpo autonómico. Los mandos de la Policía y de la Guardia Civil al frente del dispositivo que coordinó el coronel Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, hablaron de "encerrona". Numerosos testimonios y vídeos señalan al cuerpo autonómico por su pasividad durante el 1-O. Entre los juzgados que investigan destaca el Central número 3 de la Audiencia Nacional, que por ahora se ha centrado en otra actuación polémica: el cerco a la Guardia Civil y a la comitiva judicial de independentistas descontentos con las detenciones de altos cargos relacionados con la logística del 1-O, en los registros de consejerías los días 20 y 21 de septiembre. Aquella protesta en la Consejería de Economía mantiene en prisión provisional a los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía pidió también la prisión para Trapero, pero la juez de momento lo ha dejado en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.
