Investigan cohecho, prevaricación y tráfico de información privilegiada en la adjudicación de una variante en Palencia

La funcionaria investigada abandona apresurada los juzgadas tras declarar.
EUROPA PRESS
Actualizado 30/01/2013 15:01:08 CET

La presunta responsable, funcionaria de la Consejería de Fomento, declara por primera vez ante el juez en calidad de imputada

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La funcionaria de los servicios centrales de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León A.B.G, detenida el pasado mes de junio de 2012 por la policía en su despacho con motivo de las pesquisas sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de la variante de Guardo (Palencia), ha declarado hoy por primera vez en sede judicial y lo ha hecho en calidad de imputada durante más de dos horas.

La investigación, recaída en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid fue auspiciada desde la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid y se encuentra centrada exclusivamente en la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento del contrato para la dirección facultativa de las obras de la referida variante que recayó a primeros de 2011 en la UTE formada por Estudio de Ingeniería y Proyectos, S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L, por un importe de 408.714,24 euros, según ha podido saber Europa Press en fuentes del caso.

El pliego de adjudicación recogía la necesidad de aportar una experiencia contrastada de más de 25 años en la realización de proyectos y direcciones de obra en viaductos de similares características.

Asimismo, el contrato llevaba asociada la presencia permanente de un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así como los medios necesarios para controlar cuantitativa y cualitativamente la obra.

La adjudicación a esta UTE, según las investigaciones, podría haberse visto favorecida por la funcionaria A.B.G. mediante la facilitación de información previa al objeto de que la licitación se presentará en términos ventajosos con respecto al resto de ofertas realizadas por casi una treintena de empresas de fuera y dentro de Castilla y León.

Por tal motivo, las pesquisas investigan la comisión de posibles delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de información privilegiada por parte de la funcionaria, que esta misma mañana, con asistencia letrada, ha prestado declaración en calidad de imputada por estos hechos, entre las 09.30 horas y las 11.30 horas, en el despacho del juez de Instrucción 1, José María Crespo.

GORRO, BUFANDA Y GAFAS OSCURAS

Al término del interrogatorio, la técnico de la Consejería de Fomento ha declinado atender a los medios de comunicación y, con paso rápido, ha abandonado el Edificio de los Juzgados, sito en la calle Angustias, enfundada en un gorro y una bufanda de rayas y tras unas grandes gafas oscuras.

Aunque el juez instructor, José María Crespo, sí ha atendido a los periodistas por espacio de unos segundos ante la puerta de su despacho, sin embargo ha declinado dar detalles del trasfondo de lo investigado ya que, pese a que se ha levantado el secreto de sumario, "se trata de información que sigue siendo reservada".

La declaración ante el juez de la funcionaria es la primera desde que ésta fuera detenida el pasado día 21 de junio de 2012 en su centro de trabajo ubicado en dependencias de la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso, por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, en cuyo transcurso los actuantes registraron no sólo su despacho sino, posteriormente, su propio domicilio, para luego tomarle declaración en dependencias policiales.

Al día siguiente de la detención, el consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, hizo un llamamiento para que los medios de comunicación fueran "exquisitamente escrupulososo" con la presunción de inocencia de una trabajadora del Grupo A y con trece años de servicio en la Administración regional.

Tras la toma de declaración de la empleada pública aludida, está previsto que en las próximas semanas comparezcan otros funcionarios de la Consejería de Fomento y responsables de la adjudicataria del contrato de dirección facultativa de las obras, la UTE integrada por EIPSA y Civil 4.

El contrato para las obras de la variante de Guardo (CL-626), con un presupuesto de 19.827.645,54 euros y una plazo de ejecución de treinta meses, fue otorgado por el departamento que dirige Antonio Silván a finales del año 2010 a favor de la UTE compuesta por las constructoras Sacyr e Inmobiliaria Río Vena.

Con posterioridad, a principios de 2011 se produjo la adjudicación de la dirección facultativa de dichas obras, la que está siendo objeto de investigación, en favor de EIPSA-Civil 4 por más de 400.000 euros. El director de la obra es José Antonio LLombart, ingeniero de caminos con amplia experiencia en estructuras de gran envergadura realizadas en ámbito nacional e internacional.