IU-ICV-CHA urge a Wert a reformar en seis meses la Ley de Propiedad Intelectual creando una entidad de gestión pública

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EUROPA PRESS
Actualizado 29/02/2012 13:38:14 CET

El PNV también exige una reforma legislativa alegando que el actual marco legal no basta para encauzar las nuevas tecnologías

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario que comparten Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y la Chunta Aragonesista en el Congreso han registrado una proposición no de ley en la que instan al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, a presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incluya una alternativa al canon digital y la creación de una o varias entidades públicas para gestionar los derechos de autor.

El texto ha sido presentado por el portavoz de Cultura del grupo parlamentario, el diputado de la CHA, Chesús Yuste, justo un día antes de que comiece a funcionar la nueva Comisión de la Propiedad Intelectual encargada de poner en marcha las reformas previstas por la llamada 'Ley Sinde' para evitar los intercambios de material protegido por los derechos de autor en Internet.

En su iniciativa, que se debatirá la próxima semana en la Comisión de Cultura del Congreso, IU-ICV-CHA subrayan que el "canon indiscriminado" que, además, está gestionado por "entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio", no es una fórmula adecuada para resolver los problemas surgidos en torno a los derechos de autor.

COMPENSACIÓN SÍ PERO NO VÍA PGE

Desde estas tres formaciones también rechazan que la compensación a los creadores por las copias privadas que se realicen de sus obras no se haga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado porque eso redundará en una reducción de las subvenciones a las industrias culturales. Por contra, apuestan por que se exploren otras fórmulas de compensación.

Para IU, ICV y CHA, es imprescindible que esta nueva legislación se elabore con la participación de todas las partes implicadas (creadores, consumidores, industrias culturales...) y que se apruebe en seis meses y no el año que viene como ha apuntado el Gobierno, porque sería "un error" prolongar la situación de "provisionalidad" actual.

Estas formaciones se remiten a los frutos que dé el diálogo entre las partes implicadas, pero ya apuntan algunas de sus propuestas como la sustitución de entidades privadas de gestión, como la SGAE, por otras de carácter público que "actúen con la máxima transparencia" y estén sometidas al control y la fiscalización de los propios autores, creadores y asociaciones culturales.

También plantean que se reconozcan las alternativas al 'copyright' tradicional, como las licencias Creative Commons, y que se deje en manos de los autores la decisión sobre qué derechos quieren licenciar su obra o si renuncian a los mismos, asegurando que no se pague compensación alguna por la copia de obras que son de dominio público y están sujetas a licencias libres.

REVISIÓN O NUEVA LEY

También el PNV tiene registrada en el Congreso una iniciativa urgiendo a acometer en el plazo de seis meses una "revisión sistemática y coherente" de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o bien un nuevo proyecto legislativo, al considerar que el vigente marco legal "no es suficiente para encauzar la dinámica que las nuevas tecnologías han impulsado en ámbitos en los que la propiedad intelectual es parte nuclear".

Los nacionalistas vascos reclaman soluciones a los problemas detectados en el informe que aprobó la subcomisión del Congreso en 2010, subrayando que "desde hace años, en el ámbito de la propiedad intelectual se asiste a una sucesión de noticias que dejan en evidencia el desajuste entre los cambios operados por las nuevas tecnologías, las prácticas de consumo, el acceso a los contenidos y las fórmulas tradicionales empleadas por los agentes culturales para dar satisfacción a la demanda de sus bienes".

"La naturaleza inmaterial de las obras y su circulación, desvinculada de soportes, constituyen elementos de cambio en las industrias culturales que requieren una adaptación rápida de sus modelos de negocio, pero éstos no podrán desarrollarse, con la rapidez que sería aconsejable, sin un mínimo de seguridad jurídica", señala la iniciativa, recogida por Europa Press.