MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya (ICV) no adelantan qué posición defenderán ante las dos preguntas de la consulta soberanista prometida para noviembre y se remiten a cónclaves internos. De momento, apuestan por el diálogo entre Cataluña y el Gobierno central, sin descartar que las preguntas pactadas acaben siendo objeto de renegociación, y piden evitar "amenazas" de cárcel o de inhabilitación.
El grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) sí tiene claro que apoyará en el Congreso la proposición de ley que se prepara en el Parlamento catalán para pedir al Gobierno la delegación de la competencia para permitir a la Generalitat la convocatoria del referéndum.
Ante la insistencia del PSOE para que IU se pronuncie, el coordinador de la Presidencia Federal y portavoz en el Congreso, José Luis Centella, ha añadido que su formación siempre ha defendido el derecho a decidir y que por tanto apoyará la consulta cuando haya que votarla en la Cámara Baja.
Según ha dicho Joan Coscubiela, de ICV, la iniciativa se planteará "en términos profundamente razonables" y si no se permite la consulta, no será porque el Gobierno no pueda, sino porque el PP y el PSOE no quieran.
Ahora bien, ante las dos preguntas que las formaciones catalanas han pactado para ese referéndum, ni IU ni ICV adelantan acontecimientos. La federación que encabeza Cayo Lara reitera su apuesta por el Estado federal y su rechazo a la independencia, pero se remite a una conferencia programada para enero o febrero para determinar cómo debe llegarse a ese modelo y sus detalles de organización. ICV, por su lado, esgrime que en su momento hará un debate interna para determinar qué posición defiende ante el referéndum.
Los dos socios principales de Izquierda Plural tienen dudas de que se celebre la consulta y no descartan que las preguntas pactadas sean incluso objeto de renegociación.
En ese sentido, apelan al diálogo para encontrar una salida. Según Coscubiela, no es el momento de que desde el PP se viertan amenazas de penas de cárcel o de inhabilitación por celebrar la consulta, ni tampoco de que desde la Generalitat se replique restando importancia a esas amenazas, como hizo el president Artur Mas.
