MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado ordenar la retirar de símbolos franquistas de edificios y espacios públicos en Cataluña desoyendo así la petición que realizó el Cercle Català de Negocios (CNN) una asociación de empresarios que hizo esta solicitud al organismo arbitral después de que éste prohibiera que lucieran banderas independentistas catalanas en esos mismos espacios durante la campaña electoral.
El CNN pidió a la JEC que cancelara su prohibición relativa a las 'esteladas' y, según explican estos empresarios, para "evidenciar el trasfondo político" que, a su juicio, hay tras esa decisión del organismo arbitral, demandó que si se seguía adelante con la retirada de las banderas independentistas, también que se diera orden de quitar la simbología franquista que aún pervive en varios edificios públicos en esta comunidad.
Sin embargo, la JEC no ha atendido ninguno de los dos requirimientos. En el acuerdo aprobado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo arbitral, se reafirma en su decisión sobre las 'esteladas' y archiva la denuncia relativa a la retirada de la "simbología franquista" alegando que "la entidad denunciante no ha acreditado mínimamente la utilización partidista por los poderes públicos de dichos símbolos".
En su queja, el Cercle Català de Negocis aludía al 'Censo de simbología franquista de Cataluña', realizado por el Memorial democrático de la Generalitat de Catalunya, en el que se catalogan un total de 3.647 muestras de símbolos vinculados a la dictadura el espacio público catalán, pero la JEC estima que no se puede concluir que se haga un uso electoral de los mismos.
Además, la JEC ha respondido a la denuncia del CCN en los mismos términos que utilizó para desestimar el recurso interpuesto por CiU contra la prohibición de las 'esteladas'. Así, incide en que la ley "prohíbe a los poderes públicos, que están al servicio de todos los ciudadanos, tomar partido en las elecciones" y hace hincapié en que las banderas independentistas "simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella".
"Las libertades ideológica y de expresión son derechos fundamentales de las personas, no de los gobernantes, únicos obligados por el Acuerdo recurrido, de manera que los ciudadanos pueden ejercerlos sin más restricciones que las que imponga el respeto a los derechos de los demás", añade la resolución del organismo arbritral.
