Critica el "linchamiento institucional y social" por parte de la Policía y algunos medios de comunicación
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Jueces para la Democracia (JpD) ha acusado al Ministerio del Interior de contribuir al "linchamiento institucional y social" del supuesto pederasta de Ciudad Lineal al difundir datos e imágenes que vulneran su presunción de inocencia por sus "ansias" de rentabilizar la detención.
En una nota de prensa difundida este jueves, la asociación progresista de jueces cree injustificado que desde el Ministerio del Interior se hayan difundido datos e imágenes "que contribuyen a crear una idea de culpabilidad de la persona imputada".
"Las ansias de este departamento ministerial de rentabilizar dicha detención lo han llevado a una sobreactuación en la que se han traspasado los límites recomendables desde la perspectiva de las garantías procesales", añade el comunicado.
JpD admite que los hechos que se le atribuyen son hechos especialmente graves, que han generado una enorme preocupación en la sociedad y motivado grandes esfuerzos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer los hechos.
Sin embargo, advierten que la exposición de la persona detenida, a través de reportajes policiales, "se ha producido en términos que parecen presumir la autoría de los hechos imputados."
También critican que "desde numerosos medios de comunicación se ha decretado la responsabilidad criminal del imputado, sin respetar las reglas fundamentales del proceso, desde una perspectiva de configuración de nuestro sistema judicial concebido como espectáculo morboso.
PUEDE AFECTAR AL PROCESO
Todo ello incluso puede, a juicio de estos jueces, afectar a determinadas diligencias instructoras, como las ruedas de reconocimiento, y no cabe justificarlo amparándose en el derecho legítimo de la ciudadanía a ser informada de todas aquellas actuaciones que puedan afectar a su seguridad y la de sus familias.
JpD también se refiere a la una denuncia por una supuesta agresión sexual en Málaga, puesto que "se difundieron con gran amplitud todo tipo de informaciones y opiniones que señalaban como culpables a los imputados, sin que existiera ninguna condena, en términos manifiestamente contrarios al principio de presunción de inocencia" Posteriormente se produjo una acusación por denuncia falsa contra la denunciante inicial y ello o generó, según recuerda JpD "todo tipo de descalificaciones, antes de la sentencia, algunas de ellas procedentes de cargos públicos de cierta relevancia, entre las que se incluía la afirmación de que todas las denuncias de las mujeres son falsas en estos casos, a pesar de que los datos oficiales desmienten con claridad dicha afirmación tendenciosa."
Afirman que, "ante generalizaciones contrarias al sentido común, siempre resulta procedente analizar el caso concreto y las pruebas existentes, desde el respeto al derecho fundamental a la presunción de inocencia y a las garantías que asisten a toda persona".
Finalmente JpD expresa supreocupación ante estos ataques crecientes al derecho fundamental a la presunción de inocencia y hace un llamamiento "a la responsabilidad de las instituciones, de los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad para que se respeten las garantías y los principios básicos de nuestro Estado de Derecho.
