El Consejo de la Abogacía muestra su "incondicional apoyo" al juez Central de Vigilancia Penitencia

Actualizado 01/03/2007 22:25:32 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, manifestó hoy su "incondicional apoyo" al auto del juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, sobre el preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, del que explicó que "no constituye ningún beneficio penitenciario". Asimismo, recomendó "fervientemente" a todos cuantos quieran pronunciarse sobre la decisión "la detenida lectura de su contenido".

Según Carnicer, el auto considera que se ha aplicado correctamente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, en el caso de De Juana, y el juez valoró "el estricto cumplimiento de la legalidad vigente". "El Estado de Derecho no puede renunciar a la aplicación de disposiciones legales que encuentren su fundamento en los principios de humanidad y en el respeto pleno al derecho a la vida, incluso en aquellos que no respetaron la de otros", afirmó.

En su opinión, estos principios suponen "la auténtica grandeza del Estado de Derecho y, sin duda, una conquista de nuestra civilización", expresiones muy similares a las utilizadas por el propio juez De Castro al aprobar la resolución del centro penitenciario del que depende el preso etarra José Ignacio de Juana Chaos. En opinión de Carnicer, el Estado de Derecho sólo sobrevive si, en todo caso, se acatan la Ley y las resoluciones judiciales.

En este sentido, Carnicer lamentó el "zarandeo" que se viene infringiendo a las instituciones del Estado de Derecho, cuya "fortaleza" se está poniendo "a prueba en demasiadas ocasiones", en referencia a "la excesiva presión que se viene generando" sobre el Tribunal Constitucional, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y los constantes ataques que sufren los órganos judiciales.

Carnicer reiteró las dificultades propias de administrar la Justicia que, con los últimos acontecimientos, lejos de coadyuvar a tan fundamental servicio público ponen en riesgo la estabilidad del sistema y en definitiva, la calidad de la Justicia.

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