Los jueces conservadores destacan sus "fuertes desavenencias" con el ministro aunque valoran algunas reformas

Pablo Llarena, portavoz de la APM
EUROPA PRESS
Actualizado: sábado, 4 julio 2015 9:59

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de orientación conservadora, ha destacado las "fuertes desavenencias" que ha mantenido durante los últimos tres años con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aunque ha valorado su trabajo por impulsar "reformas estructurales que eran necesarias".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha señalado que la dimisión de Ruiz-Gallardón constituye "un posicionamiento infrecuente dentro de la vida política" pero no es "una sorpresa" porque el propio ministro la "había adelantado de no contar con el apoyo político para impulsar el proyecto político que estaba dinamizando", en referencia a la reforma de la Ley del Aborto.

Sobre los proyectos que ha llevado a cabo durante su mandato, Llarena ha criticado que Gallardón "abandonara" la propuesta electoral del Partido Popular (PP) para la elección de vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o que ahora los miembros de este órgano "tengan que simultanear sus responsabilidades de gobierno con otras actividades profesionales".

INVESTIGACIÓN PARA LOS FISCALES

No obstante, ha destacado la necesidad de reformas emprendidas por el ministro como la modificación del Código Procesal Penal o la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de mantener discrepancias de fondo como la asignación a los fiscales en detrimento de los jueces de las labores de investigación en los procedimientos.

El portavoz de la APM también ha valorado las medidas para la modernización de los procedimientos electrónicos y la informatización de los juzgados aunque ha criticado otras propuestas como la eliminación de las audiencias provinciales.

De igual modo, ha destacado positivamente que el Ministerio de Justicia haya impulsado durante los últimos tres años la disminución del número de procedimientos judiciales, tal y como aconsejaba la OCDE, con medidas como "la implantación de las tasas, la despenalización de las faltas o la eliminación de algunos recursos".