MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha explicado que el documento firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su Govern, los diputados de JxSí (incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell) y de la CUP, con la voluntad de una futura independencia, "no tiene validez jurídica" ya que para que tuviera "consecuencias jurídicas" debería haber sido sometido a votación con una mayoría suficiente.
"Para que el documento tenga algún tipo de consecuencia jurídica debería haber sido sometido a votación en el pleno del Parlament de Cataluña y votado con una mayoría suficiente, pero no se ha producido esa votación y por tanto, carece de cualquier validez jurídica", ha insistido en declaraciones a Europa Press Televisión.
En esta misma línea, sobre la supuesta declaración de independencia de este martes y su consiguiente suspensión durante varias semanas para lograr una mediación, González ha asegurado que Carles Puigdemont ha declarado la independencia de Cataluña "de manera retórica", y de este modo, ha manifestado que no tiene validez porque ha sido "suspendida por el Tribunal Constitucional".
Asimismo, desde Jueces para la Democracia ha señalado que la declaración de independencia no solo "atacaría al Estatuto de Autonomía, si no también a la Constitución Española", que ha calificado de "norma suprema del ordenamiento jurídico".
"El artículo 2 de la Constitución Española establece la unidad indisoluble de la nación española y lo único que llega a reconocer es el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, pero en ningún caso el derecho a la autodeterminación de una parte del territorio", ha reiterado.
Sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que se ha acordado requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat si ha declarado la independencia de Cataluña, González ha explicado que con este anuncio "se abre la vía a la posible aplicación del artículo 155" mediante un requerimiento expreso para que la Generalitat cumpla las obligaciones constitucionales.
Además ha asegurado que en caso de que el requerimiento no fuera atendido, entraría en vigor el artículo 155 que supondría que el Gobierno tendría que proponer una serie de medidas, "que la propia Constitución no contempla, para poder reparar ese interés general que está siendo perjudicado".
"Primero se debe saber si Carles Puigdemont ha declarado la independencia o no, y en el caso de que así fuera, el Gobierno deberá tomar medidas para evitar que se infrinja la Constitución", ha concluido.
