Jueces, fiscales y secretarios judiciales progresistas cargan contra la "generalizada" subida de tasas judiciales

Actualizado 22/10/2012 16:59:16 CET

JpD, UPF y el SISEJ defienden que no pueden estar "impasibles" ante el intento de culpabilizar a la ciudadanía de la mala situación

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Jueces para la Democracia (JpD), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) han manifestado conjuntamente su "rotunda disconformidad" a la subida de las tasas judiciales por la "grave privación" que sufrirán los ciudadanos en el acceso a la Justicia.

Las asociaciones han expresado su oposición horas antes de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presente en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley que regula la elevación de las tasas en la Administración de Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Advierten de que las tasas "limitarán" e "impedirán" el acceso de la mayoría de la población a la Justicia, atacando "frontalmente" el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución. A su juicio, es inaceptable que el juzgado no tramite una demanda por la única razón de que el ciudadano no puede afrontar el pago de la tasa.

"No podemos asistir impasibles al continuo intento de culpabilizar a la ciudadanía por la situación en que se encuentra el país. En Sanidad, en prestaciones farmacéuticas, en Servicios Sociales y ahora en Justicia se insiste en que la población, todos y todas, "abusamos" de las Administraciones Públicas y que es necesario disuadirnos por la vía económica de que recurramos a los servicios públicos", remarcan.

JUSTICIA GRATUITA PARA UNA MINORÍA

Las asociaciones critican la "elevada" cuantía de la tasa y su establecimiento con "carácter general y no excepcional" en todas las jurisdicciones, salvo en el orden penal, y afectando a toda persona física o jurídica. Recuerdan que sólo quedarán exentas las personas que puedan acreditar ingresos inferiores a unos 1.100 euros netos mensuales contando con los de toda la unidad familiar.

Reprueban que no sean excluyentes con las tasas ya establecidas en las comunidades autónomas y advierten de que la racionalización, agilización y optimización del funcionamiento de la Administración no puede acometerse con una reforma que vulnera un derecho fundamental.

A diferencia de los depósitos, añaden que las tasas no son retornables aunque se obtenga una resolución favorable. "No se devolverá el dinero de la tasa aunque se dé la razón a quien tuvo que pagarlas. Siendo cosa distinta que puedan repercutirse o no a la parte contraria, lo que en muchas ocasiones también provoca consecuencias indeseables", concluyen.

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