El juez decreta prisión para el primer detenido puesto a disposición judicial del aparato de extorsión de ETA

 

El juez decreta prisión para el primer detenido puesto a disposición judicial del aparato de extorsión de ETA

Actualizado 23/06/2006 0:33:30 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado prisión provisional incomunicada para Jean Pierre Harocarene Camio, el primero de los cinco detenidos en España la madrugada del pasado lunes acusados de integrar el aparato de finanzas de ETA que pasaron a disposición judicial, por al menos un delito de colaboración con organización terrorista, después de que el magistrado le tomase declaración esta tarde.

El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy solicitó prisión provisional para Harocarene, cuya situación de incomunicación podría ser modificada mañana, después de que declaren los otro cuatro detenidos en esta operación en España.

El magistrado tenía previsto tomar declaración a Harocarene a partir de las 17:30 horas y celebrar una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que su comparecencia ante el magistrado ha durado aproximadamente cuatro horas. Supuestamente, el detenido se encargaba, junto con otros integrantes del aparato de extorsión, de realizar labores de intermediación en el cobro del "impuesto revolucionario".

Harocarene, de 42 años y originario de Boulogne Villancourt (Francia), fue detenido la madrugada del lunes en la localidad de Irún (Guipúzcoa), donde tiene su domicilio.

Mañana comparecerán también ante el juez Central de Instrucción número 5 los otros cuatro detenidos en España: Joseba Imanol Elosúa Urbieta (de 72 años), José Carmelo Luquín Vergara (31 años), Ramón Sagarzazu Olazaguirre (69 años) e Ignacio Aristizábal Iriarte (59 años).

Estas cinco personas, además de otros siete detenidos en Francia (entre los que se encuentra uno de los fundadores de ETA y actual miembro de Aralar, Julen Madariaga, y el presunto jefe del aparato desarticulado, Ángel Iturbe), integraban este aparato que supuestamente operaba en España y en el país vecino desde hace 20 años. Su cometido era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario" exigido a empresarios e industriales españoles en el País Vasco y Navarra.

AVT PEDIRÁ PERSONARSE

Por su parte, fuentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) informaron hoy de que esta asociación solicitará mañana al juez Grande-Marlaska personarse como acusación popular en esta causa, sobre la que aún no se ha levantado el secreto de sumario.

La operación está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Estas investigaciones tiene su origen en un sumario abierto en la Audiencia Nacional en 1998 contra la extorsión etarra.

Según las investigaciones, Harocarene, junto con Elosúa Urbieta y Lúquin Vergara, realizaba labores de intermediación en el cobro del "impuesto revolucionario", que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces".

Asimismo, invertían los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad criminal de los intermediarios y hacían desaparecer ese capital obtenido de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales.

Por su parte, los detenidos en Francia, donde se encontraba la dirección de la red, se ocupaban de coordinar y canalizar las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario", operando en el sur de Francia y también en España. Una de las arrestadas en el país vecino, Izaskun Gantxegi, fue puesta en libertad esta tarde sin pasar ante el juez.

En la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha procedido al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería regentado por Joseba Imanol Elosúa Urbieta, así como otros inmuebles supuestamente adquiridos con el dinero obtenido a través del "impuesto revolucionario".

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