El juez encarcela a uno de los detenidos de la red de extorsión de ETA

 

El juez encarcela a uno de los detenidos de la red de extorsión de ETA

Actualizado 30/06/2006 2:19:41 CET

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó esta noche prisión provisional para Emilio Castillo González y dejó en libertad con comparencias semanales en el juzgado a José Ignacio Elosúa Urbieta, los dos detenidos el pasado martes en la causa contra el aparato de extorsión de ETA, y también confirmó el encarcelamiento para Ramón Sagarzazu Olazaguirre. Todos ellos están acusados de un delito de integración o colaboración con organización terrorista.

Los tres detenidos en el marco de la operación contra el aparato de extorsión de la organización terrorista comparecieron esta tarde ante el juez Central de Instrucción número 5. Emilio Castillo González y José Ignacio Elosúa, hermano del principal imputado en la operación policial, Joseba Elosúa, fueron detenidos en Guipúzcoa.

Sagarzazu, quien fue detenido el día 20 de junio, ya compareció el pasado sábado ante el juez Central de Instrucción número 5, ante quien se negó a declarar por no contar con un abogado de su confianza, ya que, al encontrarse en situación de incomunicación, estaba asistido por un letrado de oficio.

El mismo sábado, el juez decretó prisión provisional contra Sagarzazu, y tras levantar la situación de incomunicación de los detenidos, le emplazó para volver a comparecer hoy, tras nombrar un abogado de su confianza.

17 IMPUTADOS

En esta causa, el magistrado de la Audiencia Nacional ha imputado a un total de 17 personas por delitos de integración o colaboración con banda armada: los 12 detenidos en la operación policial en España y Francia el pasado día 20, dos empresarios navarros arrestados el viernes acusados de pagar el "impuesto revolucionario", el dirigente del PNV Gorka Aguirre, así como Castillo González y José Ignacio Elosúa.

El juez Grande-Marlaska envió la semana pasada a prisión incondicional a Joseba Elosúa, Sagarzazu Olazaguirre y otros dos supuestos integrantes del aparato de finanzas de ETA en España, Juan Pedro Harocarene, José Carmelo Luquín. Por el contrario, el magistrado dejó en libertad provisional a Ignacio Arstizábal Iriarte, el otro de los detenidos en España la semana pasada en esta operación, con comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio.

El pasado martes, Grande-Marlaska interrogó como testigos a la mujer y el hijo de Joseba Elosúa, principal imputado y propietario del restaurante "Faisán", desde el que supuestamente la red centralizaba el cobro de la extorsión.

Fernando Grande-Marlaska ocupará mañana por último día su puesto al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, para ser sustituido por su anterior titular, Baltasar Garzón. Desde entonces, Grande-Marlaska pasará a formar parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

AGUIRRE Y ARZALLUZ

También en esta misma causa, el magistrado decretó ayer la libertad libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros del miembro de la Ejecutiva del PNV Gorka Aguirre, imputado por un delito de colaboración con organización terrorista, al entender el juez que podría haber actuado como intermediario en el aparato de extorsión de ETA.

El martes, también el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz compareció como testigo en la Audiencia Nacional, ya que, según él mismo explicó, preguntó en una conversación telefónica si la red de finanzas de ETA seguía extorsionando a empresarios a pesar de haber decretado un alto el fuego.

El juez Grande-Marlaska dejó el lunes en libertad a los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, a quienes imputa por colaborar con la red de extorsión de ETA al considerar "en grado de seria probabilidad" que hicieron llegar al fundador de la organización Julen Madariaga, "con carácter voluntario", un total de 54.000 euros para favorecer el denominado "Proyecto de Paz". Los dos empresarios negaron haber pagado a ETA.

En otra causa independiente, Grande-Marlaska ya ha interrogado en calidad de imputados a una decena de empresarios vascos y navarros por el pago del "impuesto revolucionario", en relación con un procedimiento abierto en 2005 (el sumario 431/05).

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