La juez de los ERE toma declaración como imputado este martes al exdirector general de Trabajo Juan Márquez

Actualizado 03/07/2012 9:22:08 CET

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración como imputado este martes al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, sucesor al frente de este departamento de Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado mes de marzo.

Por medio de una providencia, consultada por Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este martes día 3 de julio a Juan Márquez, mientras que el viernes le tocará el turno a la que fuera asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa; el día 11 de julio al exdirector general de Trabajo y sucesor de Márquez, Daniel Alberto Rivera, y el 27 de julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

Hay que recordar que, en su comparecencia del pasado día 14 de marzo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Márquez se acogió a su derecho a no declarar, por lo que por el momento es una incógnita si hará lo mismo ante la magistrada o se prestará a responder a sus preguntas, a las de la Fiscalía Anticorrupción y a las del resto de partes personadas.

En el auto de su imputación, dictado el pasado mes de enero, la magistrada argumentó que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la ayuda'".

Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración".

Respecto a Márquez, la magistrada también lo imputa por su labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que "no constando" la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24 trabajadores, "de los cuales dos no eran empleados de la misma", ni tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones "de forma arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos verbales" del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Así, precisa que Guerrero "mostró su disconformidad para la suscripción de una póliza para 24 extrabajadores" de la empresa, mientras que su sucesor en el cargo dictó sendas resoluciones "por las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la póliza de prejubilación", tras lo que dice que hay que tener en cuenta que, según el administrador de la empresa, "el despido de sus trabajadores no era algo necesario para su empresa, y que fue una condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas necesarias destinadas a amortizar los gatos del traslado de las instalaciones" a Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010, por autorizar la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández Garzón, "ninguno de los cuales trabajó para la empresa".

AMPLIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

En otro auto dictado recientemente, la magistrada amplió la imputación a Márquez y le atribuyó haber "admitido, ordenado y consentido" la continuación del uso del convenio-marco que reguló la concesión de las ayudas, "cuando él, tras los primeros meses de su nombramiento, tuvo importantes dudas sobre la legalidad del procedimiento", de forma que "dio continuidad al instrumento que había permitido la adjudicación irregular de las ayudas que él fue constatando, pese a conocer la inclusión de intrusos".

"Pese a todo ello, mantuvo de un lado una conducta omisiva, pues ni ordenó el reintegro de las cantidades percibidas ilícitamente ni evitó el cobro de tales sumas en las pólizas de rentas colectivas", mientras que, "por otro lado, tendría una activa participación en la inclusión de nuevos intrusos como los de Calderinox y dando cobertura de legalidad a las ayudas dadas por Guerrero con total ausencia de procedimiento, como ocurrió en Río Grande y Surcolor".

MÁRQUEZ, "PLENO CONOCEDOR" DE LOS "INCUMPLIMIENTOS"

Además, concluye que "era finalmente y de manera indiciaria pleno conocedor de que en materia de ayudas sociolaborales y directas se estaba incumpliendo la normativa comunitaria".