"Usted ha removido de sus puestos de trabajo a tanta gente que no se si es normal en la empresa privada, pero no parece propio de una pública"
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco preguntó al ex director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura, si había favorecido "escandalosamente" a empresas privadas para "financiar a un partido político o para meterse el dinero en el bolsillo".
Así consta en el sumario del 'caso Acuamed', al que ha tenido acceso Europa Press, donde aparece el audio la comparecencia que Arcadio Mateo prestó el pasado 20 de enero y, tras la cual, ingresó en prisión. El Gobierno le había cesado un día antes de su cargo por "falta de confianza y la alarma social" generada a raíz de la operación 'Frontino'.
"Usted, en vez de como director general de una empresa pública que tiene que velar por los intereses públicos, aparece como una persona empeñada en favorecer (...) intereses de carácter privado. Dice que es por orden de un superior, le quería preguntar qué superiores y si es para financiar un partido político, meterse usted el dinero en su bolsillo o por qué motivo", cuestiona el magistrado.
El antiguo alto cargo de la empresa pública responde que no ha beneficiado "a nadie" y así lo demostrará, al tiempo que se acoge a su derecho a no declarar hasta tener un conocimiento "detallado" de los cargos que se le imputan.
La comparecencia comienza con las palabras del instructor afirmando que el acusado "se lleva principalmente todo el conjunto de delitos" investigados, como son falsificación en documento público, fraude, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho o concertación para alterar el precio de las licitaciones públicas.
ADJUDICACIONES EN CONTRA DE LOS INGENIEROS
En ese momento, el juez pone de relieve la cantidad de empleados a los que Mateo ha destituido de sus puestos de trabajo durante el "año y cuarto" en el que ha sido investigado con la intervención de correos electrónicos y conversaciones telefónicas. "Ha despedido o removido del puesto a tanta gente que no sé si es normal en una empresa privada, pero desde luego no parece propio de una empresa de carácter público", expone.
Acto seguido, Velasco desgrana los seis contratos presuntamente amañados en los que ha participado el acusado y pone de manifiesto su sospecha de que este se los ha adjudicado a "amigos", en contra del criterio de los ingenieros técnicos, o se ha "concertado también con amigos que tienen informaciones previas".
"Usted se inventa un acuerdo en contra de la legislación por el que decide empeorar los intereses públicos", que cita el caso de la descontaminación del pantano de Flix o la presa de la Avenida Rambla Gallinera en Valencia.
En la comparecencia, el juez pone en evidencia la cantidad de billetes de 500 euros localizados en sobres en el registro efectuado al ex director general de Acuamed y se pregunta si es parte de las compensaciones ofrecidas por las empresas privadas beneficiarias en los conciertos, que también le agasajaba con viajes a Turquía e implantes de pelo.
IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN FRONTINO
El instructor imputó el pasado enero a los trece detenidos en la 'operación Frontino' la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.
Entre los investigados, también se encuentran el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín; y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.
La operación 'Frontino' se dirigió también contra tres cargos de FCC, el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).
Además, quedaron en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).
CONTRATOS INVESTIGADOS
El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.
En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.
También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.
