La Audiencia Nacional investiga desde mayo a la compañíapor maniobrar para inflar el precio de la luz
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la personación de la asociación de consumidores Facua como acusación particular en la causa en la que se investiga si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando presuntamente paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la electricidad.
En una providencia con fecha del pasado lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 estima esta personación en consonancia con los criterios de la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe emitido días antes acepta que la organización de consumidores esté además exenta de prestación de fianza.
El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, teniendo en cuenta que Facua está legitimada para el ejercicio de los intereses de los consumidores, consideró procedente "equiparar su legitimación a la de los ofendidos por el delito", y en consecuencia instó a que fuera tenida como acusación particular en el procedimiento. En este sentido lo ha ordenado el juez Moreno.
Facua ya solicitó en diciembre de 2015 solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido el delito del que la acusa ahora Anticorrupción. La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 decidió archivarla.
En ese momento, la Fiscalía vizcaína consideró que el presunto fraude cometido por la compañía no encajaba en la definición del delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal.
DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN
A mediados del pasado mes de mayo la Audiencia Nacional ordenó a la Guardia Civil practicar ayer miércoles entradas y registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao después de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada en el mismo sentido contra la compañía.
La investigación se refiere a un presunto delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013".
Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
La denuncia ante la Audiencia fue presentada por el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, quien considera que la empresa obtuvo "un lucro ilícito de 20 millones" en el mercado mayorista de electricidad en diciembre de 2013. El delito que se investiga aparece tipificado en el artículo 281 del Código Penal y se refiere a actuaciones contra el mercado y los consumidores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya impuso una sanción de 25 millones de euros por manipulaciones de precios a Iberdrola, que tiene recurrida la resolución ante los tribunales. La Audiencia admitió a trámite en febrero de 2016 el recurso de Iberdrola, y en marzo de ese año decidió suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC a la espera de resolver el fondo de la cuestión.
