VALENCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha pedido al PPCV que certifique si 29 personas, entre ellas dos altos cargos del gobierno valenciano, otros 18 exdirectivos, y 10 trabajadores, funcionarios y exasesores, ocuparon cargos en el partido entre los años 2004 a 2009.
En concreto, los altos cargos son Carmen Díaz, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes; e Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por el juez José Ceres dentro de la pieza 5 del 'caso Gürtel' --en total hay 6--, relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', y otras sociedades del Grupo Correa, que pudieron constituir delitos de prevaricación, u otros.
El nuevo requerimiento se dirige tanto al PPCV como al PP provincia de Valencia, Alicante y Castellón, y es fruto de "algunas preguntas y menciones realizadas en diversas declaraciones a la posible pertenencia de algunos declarantes al PP", según indica el magistrado instructor.
Así, el juez pide al partido que certifique vía fax, en un plazo de cinco días, si un total de 29 personas tuvieron algún cargo orgánico o formaron parte de alguna comisión en el partido --regional, provincial o local--; si integraron algún Comité de Campaña de naturaleza electoral; o si fueron miembros en representación del Partido en la respectiva Diputación Provincial, Ayuntamiento o en las Cortes entre los años 2004 a 2009.
Respecto a los 18 ex altos cargos, el magistrado pide información sobre Juan Miguel Bellver, exdirector general de la empresa pública Vaersa; María Auxiliadora Hernández Miñana, exsecretaria autonómica de Educación; Dora Ibars, exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat; y Arantxa Vallés, exresponsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad.
Así mismo, requiere información sobre Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural; Silvia Caballer, ex directora general del Libro; Rafael Peset, exsubsecretario de la Consejería de Sanidad; Alfonso Bataller, alcalde de Castellón y exsubsecretario Consejera Sanidad; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria; y Pilar Ripoll, ex directora general de Calidad y Atención al Paciente.
CERVERA, ROSADO, SERRA Y MONTALVO
Además, el juez pregunta por los exconsejeros de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera; los exsecretarios autonómicos de Deportes David Serra --actualmente diputado-- y Niurka Montalvo; Alicia de Miguel, exdiputada y exconsejera de Bienestar Social; Enrique Navarro Alejandro, exsecretario autonómico de Familia y Solidaridad; y Clara Abellán, exdirectora general en la Consejería de Bienestar Social.
Junto a ellos, el juez pide información al PPCV sobre dos altos cargos del Consell: Carmen Díaz, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes; e Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE).
Así mismo, se interesa por Paula de Cubas, exasesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; José María Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market; Aránzazu Gil, exsecretaria de Farnós; Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exasesor jurídico de Vaersa o Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva). También cita a Ignacio Ferrer --de la Subsecretaría de la Consejería de Sanidad--; Patria Callaghan --jefa de Sección del Área de Calidad Ambiental de la Consejería de Territorio--; y a Emilia Llorca.
Por otro lado, en la misma providencia, el juez acuerda tomar declaración testifical ampliatoria a un funcionario en relación con la contratación del Hospital Clínico del año 2008, sin perjuicio de poder ser preguntado por otros aspectos complementarios de las contrataciones de Premios Salud y Sociedad de los años 2006 a 2008 que precisen alguna aclaración o complemento. Por último, incorpora a la causa el convenio firmado entre la Generalitat y Ecombes --y facilitado por la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Vivienda-- de 6 de abril de 2000.
