La jueza rechaza poner en libertad a Sandro Rosell y su presunto testaferro en Andorra Joan Besolí

 

La jueza rechaza poner en libertad a Sandro Rosell y su presunto testaferro en Andorra Joan Besolí

Publicado 31/07/2017 16:19:38CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado la petición de libertad del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y de su presunto testaferro en Andorra Joan Besolí por entender que sigue existiendo riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva porque la investigación aún no ha concluido.

En un auto dictado este lunes, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera que existen determinados y fundados indicios de la participación de ambos en los hechos que se investigan y que podrían ser constitutivos de delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales.

Lamela envío a prisión a Rosell y Besolí el pasado 25 de mayo acusados de formar una red dedicada a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas derivadas de la venta de los derechos de la selección brasileña de fútbol a una mercantil árabe con sede en islas Caimán, cuya denominación social es International Sports Events (ISE). Todo ello a través de un entramado de sociedades y cuentas principalmente en el Principado de Andorra.

Es la segunda vez que los acusados recurren la medida de prisión incondicional impuesta por la jueza y, por tanto, la segunda que la Audiencia Nacional rechaza sus argumentos, por lo que de momento ambos continuarán en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

GRAN FORTUNA Y FACILIDAD PARA VIAJAR

Sobre el arraigo que alegó Rosell para recurrir la medida de prisión, la magistrada lo desdeña afirmando que hay riesgo de fuga porque, aunque tenga la nacionalidad, propiedades en este país y dos hijas que viven en España, la investigación ha puesto de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo.

Además, destaca que posee una gran fortuna, y, lo que considera más importante, cuentas, bienes y negocios fuera de España que lógicamente le facilitaría la salida de territorio español y su subsistencia en otros países, lo que no garantiza que no vaya a sustraerse a la acción de la justicia.

En relación a Besolí, Lamela subraya en su auto que también tiene posibilidades económicas y que, aunque se ha comprometido a adquirir la nacionalidad española, dice que se trata de un mero compromiso que no depende exclusivamente de su voluntad y requiere la tramitación de un procedimiento que incluso puede durar más que la instrucción y el enjuiciamiento de los hechos investigados.

Además, Besolí alegó en su recurso que tiene un hijo de 20 años con una lesión medular y que requiere de su atención. A este respecto, la jueza indica que, "sin desconocer el grave problema, tales circunstancias, en unión de las ya expuestas en el auto por el que se acordó su prisión y el resultado de los embargos practicados, ponen de manifiesto una vez más sus posibilidades económicas e incluso permiten contemplar la posibilidad de que su hijo pueda ser trasladado para que continúe su tratamiento en el extranjero".

REITERACIÓN DELICTIVA

Por otro lado, la magistrada explica que tanto en el caso de Rosell como de Besolí persiste el riesgo de que se oculten o destruyan pruebas de los delitos imputados, así como de reiteración delictiva, ya que ambos operaban presuntamente dentro de un grupo organizado de personas que son investigadas también por otros países, como Estados Unidos, Andorra o Suiza.

Otro dato que lleva a la jueza a mantener la prisión incondicional del expresidente del FC Barcelona y de su presunto testaferro en Andorra es que el Senado de Brasil está estudiando iniciar investigaciones por determinados hechos, entre los que se encuentran actividades investigadas en esta causa.

Por todo ello, concluye en su auto que en este caso concurren todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para confirmar la prisión de ambos sin que resulte vulnerado ningún derecho ni garantía constitucional.

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