MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) - El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha sido el primero en comparecer este lunes, sobre las diez y veinte de la mañana, ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le ha citado para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su intervención en el 'procés'. Por primera vez, en la sala se encuentra representada la defensa del expresidente Carles Puigdemont, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, puesto que ya es parte del procedimiento. Seguidamente, Llarena realizará el mismo trámite con el que fuera el último candidato a presidir la Generalitat y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el líder de la asociación Òmnium Cultural, Jordi Cuixar, con los que realizará el mismo trámite aunque únicamente respecto del primer delito, ya que no se les acusa del segundo, la malversación. Los tres han sido trasladados desde prisión, donde cumplen prisión preventiva, Junqueras desde Estremera y los 'Jordis' desde el centro de Soto del Real, ambos en Madrid. Mientras son trasladados de uno en uno ante Llarena esperan en los calabozos de la cercana Audiencia Nacional, ya que el Tribunal Supremo carece de ellos. Esta declaración, denominada indagatoria, es un trámite previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una vez se procesa a los investigados. En principio la comparecencia se supone breve aunque con esta ocasión podría prolongarse durante varias horas, puesto que es posible el magistrado y la Fiscalía formulen preguntas a todos y cada uno de los acusados sobre los hechos concretos que se les atribuyen, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Además, los procesados pueden pedir intervenir en esta comparecencia para ahondar en su defensa. Según el auto de procesamiento, Junqueras, junto con el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero del Interior Joaquim Forn, fue advertido días antes de la celebración del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se producía la consulta. El juez considera que estas tres personas también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado. La movilización de cientos de miles de seguidores y el impulso de una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el 1-O es lo que se atribuye a 'los Jordis', quienes, según el relato de los hechos del juez, se valieron para ello de su condición de presidentes de las entidades soberanistas.
