Se suman a la petición ya efectuada por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que solicita acercarse a su domicilio familiar
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva, procesados por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, solicitarán en los próximos días el traslado a un centro penitenciario de Cataluña para garantizar su derecho a la defensa y la cercanía a su familia, según han informado fuentes de la defensa a Europa Press.
Estos dos procesados, que se encuentran en la cárcel de Estremera (Madrid), se suman a esta petición que ya ha hecho formal el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la prisión madrileña de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017. Según han indicado las mismas fuentes, los que fueran miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont harán esta petición, previsiblemente, entre hoy y mañana.
Cuixart, también procesado por el delito de rebelión, presentó este lunes un escrito ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por el abogado experto en derecho penitenciario Carlos García Castaño. En él argumenta que esta lejanía con su domicilio afecta a su derecho de defensa ya que, una vez acabada la fase de instrucción y dictado el auto de procesamiento, ya no hay motivos para mantenerle en una prisión madrileña mientras se fija la fecha del juicio.
Además, la defensa asegura que internarlo en un centro penitenciario en Cataluña permitiría a su abogada, Marina Roig, tener un acceso "más ágil y fluido con su cliente para preparar el juicio".
En lo que respecta al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y último candidato a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, su defensa está estudiando si formular una petición similar, aunque aún no sabe si finalmente la presentará, según han apuntado a Europa Press. El 'número dos' de Junts per Catalunya (JxCat) también está en Soto del Real desde octubre del año pasado y en la misma situación procesal que Cuixart, Junqueras y Romeva.
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO SOLICITA
En cuanto a Junqueras, en prisión desde el pasado 2 de noviembre, no es la primera vez que pide el cambio de prisión. Ya lo hizo el pasado 4 de enero cuando "rogó" que le pusieran en libertad o aceptasen su traslado a una cárcel más cerca de su domicilio familiar durante la vista que celebraron los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para revisar las medidas cautelares que pesan contra éste y otros investigados por el denominado 'procés'.
Unos días después, los abogados de líder independentista enviaron un escrito al juez instructor del proceso soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, para pedir su traslado "urgente" al centro de Brians I (Barcelona) por la proximidad a su domicilio, o bien a otra prisión dependiente de la Generalitat próxima al Parlament, para garantizar, por un lado, sus derechos procesales, ya que se encuentra a kilómetros de su defensa, y por otro poder hacer efectivos sus derechos políticos como diputado.
Sin embargo, el pasado 12 de enero, el magistrado del alto tribunal rechazó esta solicitud porque cree que no había garantía de que sus conducciones de salida y retorno desde la cárcel hasta el Parlament se produzcan en el marco de la "pacífica convivencia". Ante esta negativa de Llarena, los abogados de Junqueras insistió en su pretensión ante los magistrados de la Sala de lo Penal.
Raül Romeva, que volvió a la cárcel antes mencionada el pasado 23 de marzo, tras conocerse el auto de procesamiento, denunció ante el juez Llarena hace una semana --cuando le comunicó personalmente los hechos de los que se le acusa-- que la causa que investiga responde a una persecución de ideas políticas.
DERECHO DE LOS NIÑOS A RELACIONARSE CON SUS PADRES
Durante esta comparecencia, el exconsejero catalán también afirmó que su derecho a la defensa está siendo vulnerado y que está siendo privado de sus obligaciones con el derecho de la infancia, puesto que no puede ver a sus hijos.
Este mismo argumentó ha sido expuesto en el escrito de Cuixart que cita el artículo 18.1 de la Constitución, que garantiza el derecho a la vida familiar y a la intimidad pese a la reclusión. Su defensa considera que los traslados constantes a los que se ve sometido su hijo de un año a la prisión madrileña le afectan porque la cárcel --recalca-- tiene "efectos físicos y emocionales para los niños".
Asimismo, concluye que se está vulnerando el derecho del niño a relacionarse con su padre, reconocido en la legislación española e internacional y recuerda que la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU, firmada por España, obliga a respetar e derecho del niño separado de sus padres a relacionarse con él y tener contacto directo regular.
