El jurado popular deberá decidir si hubo "negociación" o petición de "comisión ilícita" a los hosteleros

 

El jurado popular deberá decidir si hubo "negociación" o petición de "comisión ilícita" a los hosteleros

Actualizado 22/10/2012 19:33:47 CET

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular encargado de enjuiciar el presunto intento de cohecho en Mercasevilla deberá decidir si los acusados solicitaron una "comisión ilícita" de 450.000 euros a los hosteleros del Grupo La Raza o si, por el contrario, lo que hubo fue una "negociación" en torno a la gestión de la escuela de hostelería del merca, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Junta, según consta en el objeto del veredicto al que ha tenido acceso Europa Press.

En un acto celebrado este lunes, el magistrado presidente, Ángel Márquez, ha hecho entrega del objeto del veredicto al jurado y le ha dado una serie de instrucciones a seguir a la hora de deliberar, entre ellas que ningún miembro del jurado "se puede abstener de votar", ya que ello "puede ser sancionado con una multa", tras lo que les ha explicado qué es un delito de cohecho, con cuya sanción "se pretender proteger la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia".

En este sentido, el magistrado ha advertido de que los miembros del jurado no tendrán que decidir sobre la condición de funcionarios públicos de los cuatro acusados --requisito imprescindible para la comisión de un delito de cohecho--, ya que "se ha considerado" que sí lo son, precisando que funcionario público "se puede ser por oposición, pero también lo puede ser un interino o un trabajador temporal".

Durante la entrega del objeto del veredicto, que se ha celebrado con la presencia de los acusados y de sus respectivos abogados, el juez también ha recordado el derecho a la presunción de inocencia de los imputados y el principio de 'in dubio, pro reo' --en caso de duda, a favor del reo--, aunque ha precisado que esta duda tiene que ser "razonable". Asimismo, y aunque es un asunto "jurídico complicado", ha señalado que la grabación que hicieron los empresarios del presunto intento de cohecho podrá ser valorada por el jurado.

Así, y según consta en el objeto del veredicto, el jurado deberá pronunciarse sobre varios hechos desfavorables para los imputados, en primer lugar sobre si Rivas, tras conocer la concesión de la subvención, "se puso en contacto" con Mellet y, "de común acuerdo y con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, decidieron exigir" a los hosteleros una "comisión" de 300.000 euros a cambio de la gestión de la escuela de hostelería.

En caso de que el jurado declare probado este primer punto, deberán pronunciarse sobre si Mellet "encargó" al entonces subdirector general del merca Daniel Ponce que mantuviera una reunión con los empresarios de La Raza "en los que debía realizar la anterior petición", cosa que éste "aceptó conociendo la ilegalidad de dicha pretensión, haciendo la solicitud del dinero" a Pedro Sánchez Cuerda en la reunión mantenida el 16 de enero de 2009.

LA ACOMETIDA DE LUZ

Asimismo, y en caso de que el jurado no declarara probada la participación en el presunto intento de cohecho de Antonio Rivas, los miembros del jurado deberán centrarse en si fue Mellet quien, tras conocer la concesión de la subvención, decidió solicitar a los hosteleros, "con ánimo de beneficiarse indebidamente", una "comisión" de 300.000 euros a cambio de la gestión de la escuela, petición "que expuso" a Ponce y que éste "aceptó realizarla con conocimiento de la ilicitud" de dicha exigencia, que se "materializó" en las reuniones de 16 y 27 de enero de 2009.

De igual modo, el jurado deberá decidir si Mellet y Ponce, "con ánimo de enriquecimiento ilícito, estuvieron de acuerdo en condicionar la concesión" de la gestión de la escuela al pago de los 300.000 euros más otros 150.000 euros "con la excusa de destinar ésta última cantidad a sufragar la acometida de electricidad" al local donde se iba a instalar el centro de formación, "cuando de ello nada se había hablado con anterioridad, ni a su pago se había comprometido el Grupo La Raza, ni le era exigible".

Los miembros del jurado deberán pronunciarse, en esta línea, sobre si la funcionaria Regla Pereira "estuvo de acuerdo" en dichas peticiones y "aceptó" acompañar a Daniel Ponce en la primera de las reuniones con los hosteleros, "donde, estando ella presente y con su conocimiento", Ponce "cumplió con el encargo recibido por Mellet y pidió la comisión ilícita" de 300.000 euros, "además de que abonaran los gastos derivados de la instalación eléctrica".

"EN UN MALETÍN"

También deberán determinar si, "según la indicación de Ponce a los representantes del Grupo La Raza, la forma de pago de los 450.000 euros sería en efectivo, dejándolos en el interior de un maletín en un despacho y allí vendría alguien a recogerlo", así como si el 27 de enero de 2009 se mantuvo una segunda reunión a la que asistieron Mellet, Ponce y los dos empresarios y en la que los acusados "insistieron en la solicitud" de 300.000 y 150.000 euros.

Así, tendrá que precisar si los acusados, en este segundo encuentro, dijeron que "la primera cantidad era para la Junta, afirmando que la Junta colaboraba con quienes a su vez colaboraban con ella, prometiéndoles además que, si accedían a entregarles el dinero, La Raza obtendría luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los catering que se organizaran".

Por el contrario, y como hecho favorable a los acusados, el jurado tendrá que señalar si, tras conocer Mellet la concesión de la subvención, "decidió negociar la forma de colaboración acordada" con los empresarios, "colaboración" que "consistía en la entrega de 300.000 euros" y cuya petición fue realizada inicialmente por Ponce.

POSIBLE INDULTO

Por todo ello, el juez desvincula a Rivas de la petición de 150.000 euros por la acometida eléctrica, todo ello en un objeto del veredicto que pide al jurado que se pronuncie, en caso de veredicto de culpabilidad, sobre si "las circunstancias del caso y de los culpables aconsejan suspender la condena privativa de libertad que pudiera corresponderles por impago de la multa a imponer", así como si estas mismas circunstancias "aconsejan que, en la propia sentencia, se proponga al Gobierno el indulto total o parcial".

Tras recibir el objeto del veredicto, los miembros del jurado se han retirado a deliberar, dándose la circunstancia de que uno de los jurados ha tenido que abandonar el mismo debido a que su mujer se encuentra embarazada y a punto de dar a luz, por lo que ha sido sustituido por una suplente.

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