La Justicia argentina pide a España la extradición del ex represor Ricardo Cavallo, acusado de genocidio

Actualizado 28/12/2006 19:51:22 CET

BUENOS AIRES, 28 Dic. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El juez federal argentino Sergio Torres pidió hoy a España la extradición del ex represor Ricardo Cavallo, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983) en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención.

Según informa hoy el diario local 'Clarín', el juez decidió pedir a España la extradición de Cavallo después de que la Audiencia Nacional declarara no ser competente para juzgarle.

Torres está a cargo de la llamada 'megacausa de la ESMA', donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y por donde pasaron unos 5.000 detenidos desaparecidos, que permanecieron años arrestados en las cárceles ilegales que funcionaban allí.

Cavallo está acusado de integrar el llamado grupo de tareas 3.3.2 que funcionaba en la ESMA bajo los alias de 'Sérpico' y 'Marcelo', que "se integró plenamente al desarrollo del plan de represión y exterminio", según la acusación del fiscal de la causa.

La resolución de la Audiencia Nacional sostuvo que al no estar más en vigor las llamadas leyes de obediencias debida y punto final, que habían cerrado la mayor parte de las investigaciones contra los ex represores, no había obstáculos para que Cavallo fuera investigado por los delitos cometidos en Argentina.

La resolución de la Audiencia establecía que Cavallo seguiría en prisión provisional e incondicional por un plazo máximo de 40 días, el período que establece el convenio de extradición para pedir su envío a Argentina.

Cavallo fue detenido en México en agosto de 2000 por un pedido de extradición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, después de que hubiera sido descubierto en nuestro país a raíz de una investigación periodística. Garzón investigaba también los hechos ocurridos en la ESMA.

En junio de 2003 fue extraditado por México a España y encarcelado en Madrid. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había reclamado una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010 por delitos de lesa humanidad y genocidio.

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