Justicia cambiará la regulación de la Oficina de recuperación de activos para mejorar la gestión de bienes embargados

Publicado 28/02/2018 18:53:29CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia tiene previsto llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto que modifique la normativa que desde 2015 regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). y cuya finalidad es mejorar los procedimientos de gestión de los bienes y decomisados en investigaciones judiciales que han sido encomendados a este organismo, han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para
las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido este miércoles la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que a propuesta de justicia ha aprobado esta semana dos asuntos relacionados con la ORGA.

Por un lado, la Comisión ha tomado conocimiento de la Memoria de actividad de la Oficina correspondiente a 2017, y por otro lado ha anunciado la aprobación de un Real Decreto por el que se modificará el de 2015 que regula inicialmente a esta institución

Un año después de la creación de la ORGA los Ministerios de Justicia e Interior se coordinaron para dar cumplimiento a lo que señalaba en Real Decreto de creación de este organismo para propiciar al mismo el apoyo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior.

LOCALIZACIÓN, COSA DE LA POLICÍA

En virtud de este convenio, la cooperación internacional para la localización de bienes de investigados o condenados la realiza la CITCO en el ámbito policial mientras que el intercambio de información judicial internacional sería responsabilidad de la propia Oficina.

Desde entonces, ambos organismos intercambian las informaciones pertinentes para incrementar la eficacia en la lucha frente al crimen organizado, privando a estas organizaciones del producto obtenido de sus actividades delictivas para que revierta en las víctimas del proceso y en otros fines de interés social.