Justicia y el Consejo General de Economistas apuestan por fomentar la mediación y abogan por leyes duraderas

 
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Justicia y el Consejo General de Economistas apuestan por fomentar la mediación y abogan por leyes duraderas

Publicado 29/11/2016 20:32:02CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha coincidido este martes con responsables del Consejo General de Economistas en apostar por fomentar la mediación para agilizar la resolución de conflictos y en la necesidad de consensuar leyes que puedan mantenerse en el tiempo y dar sus frutos.

El titular de Justicia se ha reunido este martes en Madrid con el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y con el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, en el marco de un encuentro en el que se ha abordado el impacto de la economía en la Justicia española.

Durante el encuentro, ambas partes han coincidido en que en un momento de pactos como el actual uno de los factores más importantes es llegar a consensuar leyes que puedan mantenerse en el tiempo y dar sus frutos. Asimismo, han señalado la importancia de fomentar la mediación como un sistema de resolución ágil de conflictos, que debería ser más eficiente y adecuado a la realidad de los ciudadanos ya que permite que se puedan resolver de forma más rápida sus controversias.

La reunión también ha servido para destacar la importante relación y efectos que la Justicia tiene sobre el sistema económico y cómo su buen funcionamiento y la eficiencia del sistema judicial pueden ayudar a dar certidumbre y seguridad jurídica a los operadores económicos y mejorar con ello las inversiones y el volumen de la actividad económica.

En ese sentido, se han analizado los factores más importantes de esa relación entre la Justicia y la economía como son, la seguridad jurídica, la agilidad y eficiencia del sistema judicial y la importancia de la estabilidad del sistema normativo.

Finalmente, se ha destacado la importancia de disponer de estadísticas adecuadas y datos de la Justicia que permitan hacer análisis econométricos acertados y buscar las soluciones más apropiadas para los casos en los que la administración de la Justicia revela mayores problemas por las cargas de trabajo.

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