El juzgado de Barcelona que investiga el 1-O cita a declarar a cinco investigados en domingo, 4 trabajan para el CTTI

Urna de votación del referéndum del 1-O
EUROPA PRESS
Publicado 31/01/2018 18:37:26CET

Entre ellos está el exjefe del gabinete de la Consejería de Gobernación y el director de Servicios Corporativos del Centro de Telecomunicaciones

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, ha citado en domingo a declarar como investigados al exjefe del gabinete de la Consejería de Gobernación de la Generalitat Jordi Cabrafiga y al director de los Servicios Corporativos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Cataluña (CTTI), Valentín Arroyo, y a otros tres empleados del CTTI.

Según han informado este miércoles a Europa Press fuentes judiciales, estos cinco investigados han sido citados finalmente para el domingo 11 de febrero, después de que varios abogados adujeran problemas de agenda a la citación del día 9 de este mes, y a otros dos testigos, Q.F. y V.N., les cita la tarde del próximo sábado.

OTROS CUATRO INVESTIGADOS, CITADOS PARA EL 1 DE MARZO

Asimismo, el juez ha citado a otros cuatro investigados para el jueves 1 de marzo, dentro de la causa que investiga los preparativos para convocar el referéndum del 1 de octubre.

El juzgado, del que es titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, fue el que detuvo el pasado 20 de septiembre, en el marco de la 'Operación Anubis', a diferentes cargos del Gobierno catalán, entre ellos al número dos de la Consejería de Economía, Josep Maria Jové y al secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó.

Esta operación de septiembre dejó a 20 personas investigadas formalmente, 14 de ellas detenidas; 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus declaraciones en las que afirmaba que el Gobierno catalán poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.