El juzgado rechaza la paralización cautelar de las obras del Alto del Cuco solicitada por el Gobierno cántabro

Actualizado 10/05/2007 17:31:00 CET

Dice que no corresponde a la Administración autonómica tal petición y añade que los daños no serían irreparables

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander ha desestimado la petición del Gobierno de Cantabria para que se paralizaran de manera cautelar las obras que se ejecutan en el ámbito del Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco, anulado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) mediante una sentencia que todavía no es firme.

En un auto, dado a conocer hoy por el Ayuntamiento de Piélagos, el juzgado recalca que no corresponde al Ejecutivo solicitar las medidas cautelares, porque su participación en el proceso era meramente como codemandado y con la petición de paralización de las obras defiende una postura contraria a la que cabría esperar de una parte implicada en el proceso.

Además, también se cuestiona en el auto que sea la Administración regional la que pida la paralización, y no la asociación ecologista ARCA, que fue la impulsora del procedimiento judicial contra el Plan Parcial, máxime teniendo en cuenta que el Gobierno, como administración, está eximido de avalar su petición de medidas cautelares, pero no así la asociación, que sí debería en su caso responsabilizarse de las medidas contracautelares que se derivasen.

En este sentido, el auto aclara que el Gobierno, en su calidad de codemandado, podría no oponerse a la petición de medidas cautelares por parte de ARCA, pero subraya que en todo caso la iniciativa de tal petición corresponde a la asociación, que fue la que recurrió el plan parcial.

Al no haberse planteado en esos términos la petición, el Juzgado la rechaza y advierte de que con ello el Gobierno "descarga injustificadamente" a la asociación de "su responsabilidad de afrontar, en su caso, las medidas contracautelares" que pudieran derivarse, todo ello, en un "claro perjuicio para el que sufre la medida cautelar", en este caso Fadesa, la constructora.

El juzgado no sólo pone en cuestión las formas de la petición de medidas cautelares, sino también el fondo, porque, según argumenta, este tipo de medidas pretenden evitar daños que pudieran resultar irreparables.

Pero en este caso, recalca que si se prosigue con la construcción y finalmente el fallo judicial definitivo ratifica la nulidad del plan parcial, se podrían derribar las viviendas y restituir el espacio a su situación inicial sin causar ningún daño a los intereses generales, sino sólo, en su caso, a la constructora y los propietarios.

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