Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/03/2009 15:45
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, anunció hoy que para que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuente con sus apoyos precisa "realizar un giro de las políticas económicas", así como "volver la vista y el Boletín Oficial del Estado (BOE) hacia los ojos de los trabajadores y retirarla de los bolsillos de los banqueros, promotores urbanísticos, donde han estado hasta ahora".
En rueda de prensa tras mantener un encuentro con la Plataforma Mesa de la Ría, Lara pidió "un cambio radical en la política actual" y dejó claro que el Gobierno central, como los anteriores del PP, "son los responsables de la situación de crisis del país".
En este sentido, criticó que Zapatero "cogió el mismo modelo de desarrollo del PP, continuado la línea privatizadora de los recursos y la línea de dar más recursos a la jerarquía de la Iglesia, que ahora hace campaña, como si estuviera en periodo electoral, contra el aborto".
Por otro lado, Lara indicó que llevará al Parlamento en las próximas semanas una iniciativa para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "se haga cargo de los 30.000 millones que los ayuntamientos deben a las empresas, suministradoras, proveedoras, para que se mueva la liquidez", lo que conllevaría que el montante "lo adelante el ICO, con un tipo de interés de 1,5 por ciento, el que tiene el Banco Central Europeo".
Además, se refirió al Plan de Vivienda que se prevé impulsar desde la coalición para rescatar un total de un millón de viviendas vacías, que se venderían a precio de coste para los jóvenes, "sin plusvalías ni beneficios, por lo que realmente cuestan".
Cayo Lara explicó así las medidas propuestas por IU para atajar la crisis y, en concreto, el Plan Económico Alternativo tiene como objetivo crear 1,9 millones de empleos y reiteró que es precisa la creación de 120.000 empleos públicos en 2009, unos puestos que irían destinados a sectores muy específicos como la educación de 0 a 3 años, la sanidad, para el desarrollo efectivo de la Ley de Dependencia, para la Administración de Justicia y para ampliar las plazas de inspectores de Hacienda y hacer frente con más contundencia al elevado fraude fiscal, principalmente de las grandes fortunas.