En una carta enviada a Exteriores y Justicia subraya que se está cuestionando a las instituciones españolas
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido este martes al Gobierno que realicen "las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado" y del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos contra el juez del alto tribunal.
En este sentido, solicita al Ejecutivo que "conforme a la práctica procesal belga" requiera a Bélgica que comparezca ante sus propios tribunales en defensa de "la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado".
Lesmes, en calidad de presidente del Supremo, ha enviado una carta a los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, Josep Borrell y Dolores Delgado, respectivamente, para explicar que la citación de un juez belga a Llarena el próximo 4 de septiembre "se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo" encargado de la causa relativa al proceso soberanista en Cataluña.
El presidente del Tribunal Supremo, que ya había tratado telefónicamente este asunto con los ministros --según dice un comunicado del alto tribunal--, recuerda en la misiva que el hasta hace poco juez decano de Madrid y actual secretario general del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo, rechazó tramitar la citación del magistrado en cumplimiento del artículo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Según explicó el entonces juez decano --al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena-- este artículo establece las excepciones de cumplimiento cuando un documento judicial o extrajudicial en los ámbitos civil o mercantil deba transmitirse de un Estado miembro a otro. "La demanda no es civil, pese a la apariencia con la que pretende presentarse, sino que pretende cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales", concluyó Viejo.
"LA DEMANDA PONE EN CUESTIÓN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO ESPAÑOL"
Lesmes informa que, tras tener conocimiento de este asunto, el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha hecho un análisis jurídico de la situación planteada ante los tribunales belgas y que la conclusión es la misma. "El texto de la demanda revela que, de manera oblicua aunque en absoluto disimulada, lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado", subraya el presidente.
Por tanto, considera que es "absolutamente necesario e imprescindible" que el Gobierno "lleve a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y específicamente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica".
Por último, subraya que, aunque consta el rechazo del emplazamiento por parte del juez decano, las decisiones que puedan adoptar los tribunales belgas al respecto son una "incógnita".
