Llamazares considera que "no tiene precedentes" porque introduce la legislación del derecho a la verdad

 

Llamazares considera que "no tiene precedentes" porque introduce la legislación del derecho a la verdad

Actualizado 20/04/2007 16:23:08 CET

JAÉN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró hoy que la Ley de Memoria Histórica "no tiene precedentes" porque introduce por primera vez "la legislación internacional del derecho a la verdad y de la responsabilidad pública con la verdad y con las víctimas".

En rueda de prensa en Jaén, Llamazares valoró también el hecho de que se trata de la primera Ley en democracia que condena el franquismo así como que "hace justicia a las víctimas del franquismo" al tachar de ilegítimos e ilegales a los tribunales que les juzgaron y a las sentencias que les aplicaron, de tal modo que "da cauce para la anulación jurídica" de esos fallos.

En este sentido, el coordinador general de IU recalcó que, "desde ahora, la ilegitimidad y la ilegalidad de las sentencias del franquismo será una prueba de cargo para garantizar la reparación a todas las víctimas" de la dictadura.

Por todo ello, Llamazares argumentó que esta Ley se erige como "un gran paso", lo que no significa que no requiera más mejoras. Al respecto, hizo un llamamiento al conjunto de las organizaciones sociales y fuerzas políticas que han apoyado la memoria histórica para que "contribuyan a la mejora de esta Ley".

PSOE e IU-ICV alcanzaron ayer un acuerdo para desbloquear la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica, un consenso que pasa pro declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron, según el texto definitivo, presentado en el Congreso por el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido.

El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.

Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".

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