Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/11/2009 14:49
El director gerente de Servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Pasqual Vela, y los tres empresarios detenidos en la 'Operación Pretoria' --Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo-- han quedado en libertad después de abonar las fianzas que les impuso el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, informaron hoy fuentes jurídicas.
El magistrado, que investiga una trama de corrupción que habría actuado en los ayuntamientos de Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, dejó en libertad a estos cuatro imputados a condición de que pagaran sus fianzas antes de las 13.00 horas de hoy. Todos ellos las abonaron a través de avales bancarios.
La cuantía de las fianzas ascendía a 25.000 euros en el caso de Vela; a 100.000 en el del consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo; y a 500.000 en los del presidente del Grupo Espais, Lluis Casamitjana, y el de Proinosa, Josep Singla.
Vela está acusado indiciariamente de dos delitos de fraude fiscal y exacciones ilegales y otro de encubrimiento. Según el auto de Garzón, el gerente de Servicios buscaba empresas para proyectos de construcción de guarderías y habría eludido poner en conocimiento de las autoridades la comisión de un delito de defraudación de subvenciones de la UE.
Casamitjana, por su parte, está acusado de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal por pagar comisiones ilegales a los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra a cambio de que mediaran ante organismos oficiales para conseguir adjudicaciones.
Garzón también cree que Singla cometió un delito de asociación ilícita y otro de tráfico de influencias por haberse beneficiado de varios contratos gestionados por la trama. Carrillo, mientras tanto, está acusado de cohecho por haber pagado 18.481 euros al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, por la prórroga del contrato de limpieza y la esponsarización de unas actividades municipales.
TRAMA DE CORRUPCIÓN
En su auto, el instructor ordenó el encarcelamiento del presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); y el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco.
Según sus cálculos, los tres ayuntamientos investigados dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por otras tantas operaciones urbanísticas. En concreto, el Ayuntamiento de San Andrés de Llavaneras dejó de percibir un total de 17,6 millones; el de Badalona 14 millones y el de Santa Coloma de Gramanet otros 13 millones de euros.
Siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" dirigido por Luis García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.