MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el denominado 'procés', está esperando a recibir la resolución del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, que ha acordado este jueves entregar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont solo por el delito de malversación de caudales públicos, para estudiar qué respuesta se puede dar desde el ordenamiento jurídico español y decidir si acepta su extradición.
La entrega de Puigdemont por el delito de malversación supondría que no podría ser juzgado por el delito de rebelión, por el que también fue procesado, mientras que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; sus exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; los conocidos como 'los Jordis' y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell --todos en ellos en prisión provisional-- sí estarían sentados en el banquillo de los acusados por esta grave conducta penal en un futuro juicio, cuya fecha aún está pendiente de señalar.
Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado del Supremo aún no tiene notificada la resolución del tribunal alemán y hasta que no la reciba, se traduzca al castellano y estudie los argumentos jurídicos que exponen los jueces para rechazar entregar al expresidente catalán por rebelión, Llarena no tomará una decisión.
ESTUDIAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Las mismas fuentes han apuntado que el juez instructor ya preveía esta respuesta por parte del tribunal alemán, pues en ocasiones anteriores ya había descartado la extradición por rebelión. Aún así, el magistrado del alto tribunal quiere estudiar esta cuestión detenidamente para ver qué encaje y qué respuesta se puede dar al asunto desde el ordenamiento jurídico español y si es procedente aceptar la entrega de Puigdemont sólo por el delito de malversación o realizar otro tipo de actuación.
Otra de las opciones es acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que estudie esta decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein y analizar si el procedimiento de extradición se está desarrollando correctamente, posibilidad que ya planteó Llarena el pasado mes de abril tras conocer una de las negativas de los jueces alemanes. Fuentes jurídicas apuntan que también cabe la posibilidad de recurrir a Eurojust, organismo creado para la coordinación y la cooperación judicial entre los miembros de la Unión Europea.
Por su parte, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmado que prevé recurrir al Tribunal Constitucional alemán la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de permitir aún así la entrega a España por malversación.
SE ENFRENTA A UNA CONDENA DE 12 AÑOS DE PRISIÓN
Si finalmente, Puigdemont es juzgado en España sólo por el delito de malversación, se enfrentaría a una condena de un máximo de 12 años, como contempla la legislación española con respecto a una pena agravada al exceder el perjuicio en más de 250.000 euros. Los últimos informes de la Guardia Civil entregados al juez instructor de la causa elevan el dinero público desviado para la organización del proceso soberanista a más de cuatro millones de euros.
No obstante, otras fuentes consultadas precisan que la posibilidad de acusar al expresidente de Cataluña de rebelión aún estaría abierta aunque habría que esperar a que cumpla la posible condena que se le imponga por la malversación y a que permanezca en España 45 días después de quedar en libertad, o bien a su vuelta si decidiera marcharse a otro país, según prevé la Ley de reconocimiento mutuo de 2014.
