MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye los hechos relacionados con el denominado 'procés', ya dispone de la traducción oficial de la resolución del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein que acuerda entregar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por el delito de malversación de fondos públicos, pero no por el de rebelión.
Según han informado fuentes del alto tribunal, el magistrado instructor ha recibido la resolución alemana traducida al castellano, realizada por los traductores del Ministerio de Justicia, este miércoles por la mañana, por lo que próximamente dará a conocer si acepta que Puigdemont vuelva a España para ser juzgado por el delito de malversación o finalmente rechaza que sea entregado.
Según explicaron fuentes jurídicas, el juez instructor ya preveía la respuesta del tribunal alemán, pero estaba esperando a tener la traducción oficial de la resolución para estudiar el "contenido jurídico" para ver qué encaje y qué respuesta se puede dar al asunto desde el ordenamiento jurídico español.
LOS ENFRENTAMIENTOS NO FUERON VIOLENTOS, SEGÚN LOS JUECES ALEMANES
Los jueces alemanes señalaron en su auto que los actos que se le imputan no se corresponden en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público. A su juicio, los enfrentamientos que tuvieron lugar durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña no alcanzaron la dimensión de violencia tal y como está contemplada en el delito de la alta traición recogido por el derecho alemán. Además, el tribunal alemán cree que Puigdemont no fue un "instigador intelectual" de los actos violentos.
Si finalmente el juez del Tribunal Supremo da el visto bueno para la entrega de Puigdemont por el delito de malversación, podría producirse una imagen insólita en los próximos meses: ver al expresidente catalán sentado en el banquillo de los acusados enfrentándose a una pena máxima de 12 años, mientras que los que fueron su vicepresidente Oriol Junqueras y sus exconsejeros podrían ser condenados a más de 30 años de cárcel al acumular los delitos de rebelión y malversación.
Las fuentes consultadas han apuntado que se baraja la posibilidad de que el magistrado instructor acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que estudie si la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) se ha desarrollado correctamente y si el Tribunal Regional se ha extralimitado en su decisión, lo que paralizaría todo el procedimiento. El juez Llarena ya se planteó el pasado mes de abril presentar una cuestión prejudicial en Luxemburgo tras conocer una de las negativas de los jueces alemanes.
