La madre de uno de los acusados de Alsasua denuncia un juicio político: por un tobillo roto se habla de terrorismo

Publicado 16/04/2018 12:22:13CET

Dice que está en contra de las trifulcas de bar pero que se está utilizando a los acusados como "peones" de una partida política

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La madre de Adur Ramírez, uno de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016, ha asegurado minutos antes de que arrancara la primera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional por estos hechos que se trata de un juicio político y que ante un tobillo roto se habla de terrorismo, en referencia a los delitos que pide para ellos la Fiscalía.

En declaraciones a los medios, Isabel Pozueta ha precisado que hoy se va a escuchar la versión de su hijo --para el que el Ministerio Público pide 50 años de cárcel por cuatro delitos de agresiones terroristas-- y del resto de acusados, ya que hasta la fecha siempre se ha conocido la versión de la Guardia Civil y la Fiscalía.

"En todo este caso se han seguido parámetro políticos que no jurídicos. Se nos está diciendo que tenemos que tener confianza en la separación de poderes, que vivimos en un Estado de derecho y nos cuesta muchísimo creer eso porque está siendo un caso político y se está utilizando a nuestros hijos como peones de una partida política", ha respondido a preguntas de los periodistas a la entrada de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Aunque no comparte "para nada" las trifulcas o peleas de bar" ha expuesto que la situación que viven los ocho acusados es "terrible" y que no saber qué va a pasar con ellos les está generando mucho dolor. Igualmente ha denunciado que no se les ha permitido aportar la "mayoría" de pruebas testificales, documentales y periciales a la causa y que no existe objetividad en el tribunal.

Se refiere a la presidenta del mismo, la magistrada Concepción Espejel, de quien ha dicho que tiene "claramente" relaciones profesionales con la Guardia Civil. Precisamente las defensas de los ocho acusados presentaron el pasado mes un escrito ante la Sala de lo Penal en el que pedían que se apartara a la magistrada por estar casada con un coronel de la Guardia Civil y por haber sido condecorada por el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito del Instituto Armado. La Sala rechazó la recusación por extemporánea.

PETICIÓN DE PRISIÓN "DESPROPORCIONADA"

"Decimos que no la compartimos y que además fue una pelea desgraciada y también decimos que la mayor consecuencia física fue un tobillo roto. A nosotros se nos han preguntado en algunos medios a ver cuántos muertos hubo... ante un tobillo roto se está hablando de terrorismo y se hace de petición de 50 años de vida para nuestros hijos. Es algo desproporcionado y no tiene palabras", ha expuesto Pozueta.

Los hechos que han comenzado a juzgarse este lunes ocurrieron la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua donde, según el escrito de acusación del fiscal José Perals, un teniente y un sargento de la Guardia Civil, ambos destinados en esta localidad navarra pero fuera de servicio en ese momento, llegaron al local acompañados de sus respectivas novias para tomar algo, cuando varias personas les reconocieron y les abordaron.

Tras proferirles amenazas verbales tales como 'Tenéis lo que os merecéis', o 'Iros de aquí, hijos de puta pikoletos, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones txakurras', comenzaron las primeras agresiones dentro del bar con empujones, patadas y puñetazos que continuaron después en la calle, donde los golpes fueron más fuertes siendo el teniente y el sargento agredidos "con gran violencia y brutalidad".

Las penas de prisión que pide el Ministerio Público oscilan entre los doce años y seis meses de cárcel y 62 años y medio. A la pena más alta se enfrenta Ohian Arnanz, ya que además de cuatro delitos de lesiones terroristas el fiscal le acusa de uno de amenazas terroristas. El Ministerio Público solicita para otros seis acusados --Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez, Aratz Urriola e Iñaki Abad-- una pena de 50 años de prisión cada uno por cuatro delitos de lesiones, mientras que para la octava imputada, Ainara Urquijo, se piden 12 años y medio sólo por amenazas con carácter terrorista.

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