Magistrado emérito del TS pide "no criminalizar" el referéndum en Cataluña

 
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Magistrado emérito del TS pide "no criminalizar" el referéndum en Cataluña

El exfiscal y magistrado emérito del TS José Antonio Martín Pallín en el centro
EUROPA PRESS
Publicado 07/10/2016 14:01:56CET

CÓRDOBA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurista español, exfiscal del Tribunal Supremo (TS) y magistrado emérito del mismo José Antonio Martín Pallín ha pedido este viernes "no criminalizar" la celebración del referéndum de independencia aprobado este jueves por el Parlamento catalán, que sea vinculante como "muy tarde" en septiembre de 2017 y que apuesta por convocarlo con o sin el aval del Estado.

Durante su participación en 'Los desayunos de Córdoba', organizados por 'Diario Córdoba', donde ha ofrecido la conferencia titulada 'Poder judicial y constitución en la España actual', el ahora letrado ha comentado que la consulta anterior "movilizó a varios millones de personas", pero "no produjo ningún efecto" en la práctica, por lo que "ahí se agota una simple manifestación de voluntad".

Por tanto, ante la nueva fecha que se baraja, ha asegurado que "no tendría ningún obstáculo en que se celebre", pero "sin ir a las vías de hecho" en este caso. Además, ha dicho que "llama la atención" hechos como que el Tribunal Constitucional (TC) haya pedido a la Fiscalía que estudie proceder contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir en julio de este año la votación sobre las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente.

Al respecto, considera que "está en peligro la división de poderes", dado que ante cualquier decisión que provenga de un Parlamento, sea "buena o mala", "la solución tiene que ser política", de manera que "no se puede criminalizar la actividad de los Parlamentos sin grave riesgo de la democracia".

Es más, según ha agregado, ello "contribuye a debilitar la confianza de los ciudadanos en los jueces" al actuar "en contra de la decisiones parlamentarias", cuando, según ha resaltado, "la confianza de los ciudadanos es esencial para el mantenimiento de los valores democráticos". Y es que, "toda cuestión que pase por un parlamento, que tiene la legitimidad de la soberanía popular, es un conflicto político que no puede ser criminalizado, sino que hay que buscar otras salidas" y "no pretender acusar de desobediencia".

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