MÁLAGA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un funcionario de la Agencia Tributaria que participó en la investigación del caso 'Malaya' ha afirmado que la sociedad suiza Lispag, con la que se desarrolló la operación inmobiliaria Crucero Banús, se utilizó con "fines de interposición" para ocultar que "uno de los socios que está contratando con el Ayuntamiento es un empleado municipal", en referencia al presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y así eludir "una prohibición legal".
Según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.
En la sesión de este martes del juicio sobre la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga) el perito ha analizado dicha sociedad y ha insistido en que fue "un instrumento" para desarrollar la operación "de manera segura" y para que "quedara apantallado" el nombre de los socios. También ha dicho que "si no llega a ser por la intervención judicial no se conocería nada" de la empresa y que su utilización tiene "una plurifinalidad".
En este punto, ha explicado que dicha sociedad se utiliza con "fines de interposición", ya que, ha especificado, la legislación "prohíbe contratar a un empleado que ostente más del 10 por ciento y que esté empleado en una sociedad que esté participada en un 50 por ciento por una administración pública", por lo que se utiliza dicha sociedad "con la finalidad de contravenir una prohibición legal", que, a su juicio, "debería ser conocida por todos los participantes dada la condición que tenían".
"Es que podían decir que entre los socios estaba Juan Antonio Roca Nicolás con el 15 por ciento, se lo podían haber dicho al interventor de Marbella o a algún otro ayuntamiento, podían haberlo hecho transparente", se ha preguntado, respondiendo que no, porque "entonces, ese contrato, ese convenio, hubiese sido nulo de pleno derecho".
No obstante, ha precisado otros fines de ocultación "para los fondos que se tenían fuera, que nunca se habían declarado y que no estaban legitimados" o para el de "los beneficios recibidos". Por otra parte, ha añadido que lo que buscaba la sociedad era "que no se pudiera identificar al socio real, ni a los fondos utilizados en la compra y tampoco a dónde se destinaban los ingresos obtenidos en la venta".
DESFASE
Asimismo, el perito ha afirmado que existe "un desfase" entre lo aportado y la distribución de los beneficios entre los socios en la operación Crucero Banús y ha añadido que consta en la causa que el presunto cerebro de la trama de corrupción participó con un 12,6 por ciento de la compra del terreno objeto de la operación, mientras que los ingresos que le correspondieron serían del 15 por ciento.
A raíz de los documentos intervenidos y analizados, el perito ha explicado que hay una participación para la compra y otra "distinta en la distribución de los ingresos", es decir, los beneficios, y ha añadido que "lo que sacrifican --diferencia entre lo aportado y lo recibido-- Hoffman y Román "nos lo encontramos como mayor aportación" de Roca.
Ha indicado que el exasesor de Urbanismo hace su inversión a través de tres cheques y no consta otra aportación. En este sentido, ha apuntado que no les consta que éste tuviera "posiciones bancarias" en la entidad financiera desde la cual se emitieron los tres cheques. "De los cuatro participantes solamente el señor Hoffman nos consta que tenía posiciones en dicha entidad", ha precisado el funcionario.
VENTA A EMPRESAS DE AVILA ROJAS
Por otro lado, el funcionario de la Agencia Tributaria ha admitido que "llama la atención" que a pesar de que hubiera más ofertas de compra de adquisición de los terrenos finalmente se decidiera por el comprador, el empresario José Ávila Rojas, también imputado en este caso, a pesar de que no fuera "la más sustanciosa" y "la más apetecible", insistiendo en que la opción de compra "era menor" de las encontradas en el registro del despacho del letrado Hoffman.
El perito ha explicado los pagos realizados por empresas de este constructor por el 90 por ciento de la sociedad propietaria de los terrenos, el de mayor cuantía procedente de un crédito hipotecario; y ha apuntado que en la escritura se contemplaba que se entregaba otro cheque de 240.000 euros para "resarcir al vendedor por el pago parcial efectuado en el convenio de aprovechamientos urbanísticos" y el compromiso de abonar el resto.
En este sentido, ha precisado que cuando se analizó esta operación ya pusieron de manifiesto que los responsables municipales "nunca interesaron" que se comunicaran los informes de reparo que hacía el entonces interventor municipal, que está llamado a declarar como testigo en este bloque.
