Sancionados el secretario jurídico nacional de la AUGC y los secretarios de Cádiz y Málaga

Actualizado 09/02/2007 14:23:34 CET

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la asuntos jurídicos a nivel nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Alberto Moya --destinado en Algeciras--, el delegado provincial de Cádiz, José Encinas, y el de Málaga, Antonio Gaspar, han sido apartados de sus funciones durante tres meses y un día por participar en la concentración que se celebró el pasado 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid, a la que los agentes acudieron uniformados.

Según informó a Europa Press el secretario regional de Comunicación, Jesús Lorente, el secretario de asuntos jurídicos, que está destinado al Servicio Marítimo de Algeciras, recibió la notificación de incoación de un expediente gubernativo por falta muy grave esta misma mañana, al igual que en el caso del secretario de Málaga, que está destinado en el puerto malagueño.

Por su parte, Encinas recibió la notificación el miércoles de la apertura de expediente y ya ha sido citado a declarar el próximo 15 de febrero en las dependencias de la Comandancia de Algeciras, donde está destinado, en concreto a la Agrupación de Tráfico.

Lorente apuntó que tienen conocimiento de que también ha sido expedientado el secretario provincial de Córdoba, si bien aún no ha recibido la notificación oficial.

Asimismo, explicó que a ambos agentes se les imputan una supuesta infracción al artículo 9.9 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, bajo la acusación de "realizar actos gravemente contrarios a la disciplina que no constituyan delito".

Desde la AUG se quiso dejar claro que va a continuar apoyando "a los compañeros expedientados", asistiendo con ellos a las comparecencias, como ya hicieron el pasado miércoles en Barbate con el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado.

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, acordó la adopción de una medida cautelar mientras se instruye los expedientes --hay 20 abiertos a agentes de toda España--, que consiste en la suspensión de funciones por un periodo de tres meses, pasados los cuales, los agentes deberán incorporarse a su puesto, aunque la situación podría ser prorrogada.

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