El sindicato Manos Limpias ratificó y amplió hoy la denuncia que la Fiscalía Superior de Cataluña admitió a trámite la semana pasada contra el Gobierno catalán por un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación al supuestamente encargar informes a personas con vinculación al Ejecutivo catalán, y aportó documentación original del Parlamento catalán, que entregó al ministerio público.
"Se han aportado elementos probatorios --27 informes, contratos y facturas-- que avalan de que existe una presunción más que razonable que se han cometido, por parte de al menos siete consejerías, actuaciones presuntamente ilícitas", señaló el secretario general del sindicato de funcionarios públicos, Miguel Bernard, después de ratificar la denuncia.
La denuncia se basa en la aparición en diversos medios de comunicación del pago de más de 300.000 euros por parte de la Generalitat en concepto de "informes encargados a personas afines al gobierno del tripartito PSOE-ERC-ICV". Según un listado del documento de Manos Limpias, la Generalitat pudo encargar 1.583 trabajos técnicos, documentos e informes a ex diputados, asesores y antiguos cargos del gobierno catalán.
Según Bernard, algunos informes aportados son "bochornosos". Explicó que el más voluminoso es uno de 37 páginas que habla de la "cultura china" por el que el Gobierno catalán pagó 150.000 euros. "Es una burla a la inteligencia; hace falta tener poca dignidad para encargar un informe de ese calibre", añadió.
Destacó que otros dos informes son copiados de Internet, y que un tercero tiene sólo una página y costó 12.000 euros. También hay facturas que no corresponden a ningún informe.
Bernard, que explicó que irán aportando más documentación en cuanto tengan más datos, subrayó que lo "lógico" sería que la Fiscalía reclamara en el plazo de 15 días todos los contratos de asistencia técnica que el Gobierno ha realizado desde 2004.
"Van a aparecer cosas inauditas, esto es sólo la punta del iceberg", reiteró el secretario general del sindicato, quien señaló que la asistencia técnica es una medida excepcional. "No puede ser una práctica habitual, y encima con fraude de ley para poder adjudicarlos directamente sin necesidad de pasar por concurso", subrayó.
Además de los informes, el sindicato aportó a la Fiscalía recortes periodísticos sobre la repercusión que tuvo la noticia en España, en base a unas declaraciones del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en las que defendía que hay muchas noticias publicadas por medios de comunicación que sirven como fuente de información para que la Fiscalía abra investigaciones.
"Hemos cumplido con nuestro deber; los fondos públicos deben gestionarse de forma legal y transparente, y no omitiendo actividades ilícitas", apostilló.
Anunció también que han pedido a la Sindicatura de Comptes de Cataluña que abra "urgentemente" una auditoría para investigar la gestión económica que ha llevado a cabo en el Parlamento los últimos cuatro años, y en concreto en relación a las asistencias técnicas.
De momento, Bernard afirmó que no pedirán dimisiones, aunque añadió que esto no corresponde a su sindicato y sí a los políticos.