Manos Limpias pide ocho años y medio de cárcel para los que asediaron el Parlament

Actualizado 20/05/2013 14:38:14 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Manos Limpias solicita ocho años y medio de cárcel para los 20 acusados por el asedio al Parlamento catalán que se produjo el 15 de junio de 2011, a los que atribuye un delito de asociación ilícita, otro contra las Instituciones del Estado y un tercero de atentado contra la autoridad.

El escrito de acusación de este colectivo, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama tres años más de cárcel que la Fiscalía, que pidió cinco años y medio para los acusados por un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad. Además, el Ministerio Público pide una multa de 7.500 euros para cada uno de los acusados.

Manos Limpias, que actúa como acusación popular en este procedimiento, recoge el relato de hechos expuesto en el escrito de acusación de la Fiscalía, que señalaba que los acusados provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban acceder a la Cámara.

"ACTITUDES VIOLENTAS E INTIMIDATORIAS"

Según los dos escritos de acusación, los diputados --entre los que se encontraba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al recinto a través del "método absolutamente inhabitual" del helicóptero-- fueron "rodeados e increpados" por grupos de personas que "les impedían el acceso al Parlamento mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos".

Tras señalar que los 20 acusados tuvieron "una activa intervención" en estos hechos, la fiscal apunta que todos ellos desarrollaron "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias que tenían por objeto impedir la asistencia de los diputados a la sesión plenaria", que se inició con un retraso de 11 minutos y con la presencia únicamente de 70 de los 135 diputados.

Los acusados son Javier Tadeo Orellana de Villalonga, Cristóbal Nicolás Araya Bruna, Daniele Vinci, Rubén Molina Marín, Marta Pi Morera, Alejandra Calderón Becerra, Francisco José Cobos García, Alessia Borge, Antoni Dolz García, Jordi Raymond Parra, Javier Villanueva Mena, María Durán Gurnsey, Ignacio Antolino Ibáñez, Joan Peiró Tura, Ángela Bergillos Alguacil, Ciro Morales Rodríguez, Álvaro Cano Santana, Olga Álvarez Juan, Carlos Munter Domec y José María Vázquez Moreno.

A este último también se le imputa una falta de daños por perseguir a la parlamentaria socialista Montserrat Tura y utilizar un spray para pintarle una cruz en la gabardina que llevaba.

INSULTOS A UN DIPUTADO INVIDENTE

Entre los hechos que describen la Fiscalía y Manos Limpias en su escrito de acusación se encuentra el acoso al que fue sometido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía cuando era trasladado a la sede del 'Parlament'. Uno de los imputados encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, se subió al mismo y empezó a golpearlo.

Unos metros más adelante, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de "abrir la puerta del coche", lo que "no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado". Al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un lugar seguro para posteriormente trasladar al presidente catalán "por la vía aérea descrita", que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.

De igual modo, los manifestantes "increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos" al diputado invidente de CiU Josep María Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" al independentista Alfons López Tena. También sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

MANIFESTACIÓN CONTRA LOS RECORTES

Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de obra, como vallas, hormigón, cuerdas y maderas, en las puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados.

Ante la "concentración masiva" de personas y el "bloqueo" de los acceso al Parque de la Ciudadela, los diputados accedieron por la calle Pujades, en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".

El juez Eloy Velasco continuó en abril pasado con este procedimiento tras dictar en un auto en el que señalaba que "delitos menores e incluso de faltas", como los atribuidos a los imputados, se convierten en "graves" si existe un componente de "intimidación ambiental".

Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre pasado que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlamento autonómico debe considerarse una institución del Estado.