Margallo insiste en que el Gobierno tiene la "obligación" de "hacer guardar la ley" en Cataluña

José Manuel García-Margallo
EUROPA PRESS
Actualizado: sábado, 4 julio 2015 23:15

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha reiterado, en alusión a la posible suspensión de la autonomía catalana, que el Gobierno tiene la "obligación" de "guardar y hacer guardar" la ley y ha apuntado que "dentro de la ley todo es posible", incluida la reforma de la Constitución.

"El mandamiento casi único de cualquier Gobierno legítimo es el respeto a la legalidad, donde radican la libertad y los derechos individuales", ha dicho Margallo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, horas después de que no descartase la suspensión de la autonomía en un desayuno informativo de Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que, aunque no tiene "entusiasmo" por ninguna de las decisiones que podría adoptar el Gobierno si se produce un "desafío a la legalidad", todas están sobre la mesa. "Un desafío a la legalidad será respondido con toda eficacia y contundencia desde la legalidad", ha remachado Margallo, que también ha avanzado que habrá respuestas en caso de "desobediencia civil".

No obstante, Margallo ha dicho estar "absolutamente seguro" de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "no va a hacer nada que infrinja la legalidad" en sus aspiraciones por convocar la consulta el próximo noviembre.

POLÉMICA EN EL CERVANTES

Margallo también se ha referido en su comparecencia al aplazamiento del acto sobre el libro de Albert Sánchez Piñol 'Victus' en el Instituto Cervantes de Utrecht (Países Bajos). El ministro ha negado que se trate de "censura" e incluso se ha mostrado "perfectamente dispuesto" a presentar el libro, que él mismo ha leído.

"No es una infracción que merezca el fuego eterno", ha ironizado, en una postura que ha compartido también con el diputado popular José María Beneyto, quien ha reprochado a CiU y ERC posturas "infantiles" sobre el tema. Margallo ha insistido en que la presentación no está suspendida sino "pospuesta", a la espera de que las partes acuerden una "fecha razonable".

Para el diputado Alfred Bosch, de ERC, el Gobierno "prohíbe una presentación" porque "no le gusta" la novela y ha dudado de la posible "intención censuradora". En este sentido, ha emplazado a Margallo a desacreditar a los responsables de la Embajada o del Instituto Cervantes tras la decisión.

Por su parte, el diputado de CiU Jordi Xuclá ha hablado también de "censura" y ha citado a un portavoz del Instituto que aludió a la "situación política actual" para justificar la cancelación del acto.