La mayoría del Congreso acuerda prohibir el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador

Actualizado 10/06/2009 21:32:56 CET

La medida será incluida en la ley que reformará la Oficina Judicial, que será aprobada el día 25 por el Pleno del Congreso

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso alcanzaron hoy un principio de acuerdo para incluir una enmienda a la ley de reforma de la Oficina Judicial que establecerá que "el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador sea incompatible", según informaron hoy a Europa Press fuentes parlamentarias.

La enmienda, que establece limitar la actividad del abogado a la defensa de las partes y la del procurador a su representación ante los tribunales, se produjo en la segunda reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia que trabaja en esta ley, que previsiblemente será aprobada el próximo día 25 de junio por el Pleno del Congreso para su posterior remisión al Senado.

La incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y el de la procuradoría, que responde a la transposición de una directiva comunitaria, fue incluida en una enmienda conjunta suscrita por PP, CiU, PNV, ERC-IU-ICV y el Grupo Mixto, a la que finalmente también ha decidido sumarse el PSOE.

Además, socialistas, 'populares' y nacionalistas cerraron en la reunión de hoy otra enmienda transaccional que permitirá que los graduados sociales puedan firmar y presentar recursos de suplicación ante el Tribunal Supremo. Esta medida fue planteada por el BNG, en coherencia con la propuesta de modificación de la Ley de Procedimiento Laboral.

La discusión en la ponencia continuará el lunes de la próxima semana. Para esa fecha, los grupos confían en tener preparado el informe que enviarán a la Comisión de Justicia, que será debatido y votado en una sesión que está prevista para el próximo día 18.

JUSTICIA UNIVERSAL

Hace dos semanas, PSOE PP, CiU y PNV acordaron un amplio paquete de enmiendas que, entre otras cuestiones, limita la aplicación del principio de Justicia universal y reparte las competencias para fijar el señalamiento de los juicios entre jueces y secretarios judiciales. En concreto, estos grupos pactaron cambiar la ley para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo "de conexión relevante" con nuestro país o que los presuntos responsables se encuentren en territorio español.

En relación con la agenda de señalamientos, cuya gestión reclaman para sí los secretarios judiciales y los jueces, el texto inicialmente aprobado por el Gobierno dejaba en manos de los secretarios la potestad para señalar juicios, pero el proyecto finalmente se ha modificado. Ahora los señalamientos de los juicios corresponderán a los presidentes de Sala y de Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para la celebración de la vista oral, la hora de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada del juicio y la naturaleza y complejidad de los asuntos. FE PÚBLICA Algo parecido ha sucedido con otra de las medidas más polémicas que incluía el proyecto de reforma, que pretendía eliminar la presencia del secretario público en los juicios y su sustitución por medios tecnológicos, que grabasen lo que aconteciese en el proceso. Estas propuesta generó protestas por parte de algunos sectores de la Administración, que llegaron a alertar de que esta modificación pudiese generar la nulidad de cientos procesos, se ha acordado Finalmente PSOE, PP, CiU y PNV acordaron modificar las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Enjuiciamiento Civil para incluir garantías de autenticidad de las grabaciones o reproducciones. Estas deberán acompañarse de una firma electrónica reconocida del secretario judicial u otro sistema de seguridad que ofrezca garantías. En cuanto al traslado por ascenso forzoso las enmiendas incorporadas al informe de la ponencia precisan que el magistrado que suba en el escalafón podrá optar por continuar ocupando la misma plaza de la que disponía o elegir la vacante que se le oferte. En el primer supuesto, el ascendido no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la plaza que ocupaba es de juez y un año si es de magistrado. Las enmiendas pactadas, que se podrían incorporar al proyecto este miércoles o a más tardar el lunes próximo, prevén también un cambio en la normativa sobre las vacaciones, que pasan de un permiso anual de un mes de vacaciones al derecho "a disfrutar como mínimo de 22 días hábiles", o bien de los que les correspondan en el caso de que su tiempo de servicio durante año haya sido menor. La antigüedad se verá premiada con días adicionales de asueto hasta un máximo de 26. El pacto incluye, además, la creación de la figura del juez de adscripción territorial, que ejercerá sus funciones en las plazas que se encuentren vacantes en los órganos judiciales en los casos en que la ausencia de su titular vaya a ser superior a un mes. LOS NACIONALISTAS RECHAZAN EL DEPÓSITO PARA RECURRIR El PSOE y el PP consensuaron también una enmienda, que ha sido incorporada al informe, para implantar un depósito económico obligatorio para presentar recursos. Sin embargo CiU, PNV, ERC y BNG ya han adelantado que no lo apoyarán por cuestiones competenciales y que mantienen vivas sus propias enmiendas a este punto. La propuesta se refiere a la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativa, aunque en el orden penal tan sólo será exigible a la acusación popular. De esta regla general quedará excluido en todo caso el derecho a la segunda instancia en el orden penal. De este modo todo el que presente un recurso de queja deberá abonar 30 euros, mientras que el depósito ascenderá hasta 50 euros para los recursos de apelación, de casación ante el Tribunal Supremo o aquellos de carácter extraordinario. La Fiscalía y quienes tengan asistencia de jurídica gratuita quedarán eximidos de pagar. Al tratarse de un depósito, el recurrente recibirá el dinero abonado en caso de que el tribunal acepte su queja. RESTO DE ENMIENDAS Además estas enmiendas, los grupos parlamentarios han registrado otros textos para incorporar a la reforma. Así, el PSOE aboga, entre otras cosas, por suprimir parte del sistema de recursos para descongestionarlo y permitir que los juicios verbales civiles sean celebrados por un solo magistrado y no por toda la sala. El PP, por su parte, ha presentado 300 enmiendas que abordan, entre otras cuestiones, las principales reivindicaciones corporativas de jueces y secretarios judiciales, mejoras técnicas y procesales y aspectos relacionados con la separación de los procedimientos jurisdiccionales y procesales. De la misma manera, CiU, PNV e IU han consensuado demandar la provisión de plazas establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en las comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan derecho civil propio. De su lado, ERC, IU e ICV plantean suprimir la Audiencia Nacional al considerar que es "un tribunal excepcional que se halla fuera de la normalidad del sistema judicial". El PNV también ha registrado 77 enmiendas propias en las que, entre otras medidas, piden subir de tres a cinco días el plazo para presentar un recurso de reforma o súplica e incrementar las competencias de los secretarios judiciales otorgándoles la confección "en exclusiva" del acta del juicio oral.

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