Maza niega que intentara paralizar la investigación a Ignacio González

 

Maza niega que intentara paralizar la investigación a Ignacio González

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Actualizado 20/04/2017 14:24:27 CET

Enmarca la rebelión de los fiscales en "un escenario de estricto debate jurídico"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado oficial en la que califica de "falso" que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, haya intentado obstaculizar la investigación de la llamada 'operación Lezo' por corrupción en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.

El propio fiscal general, José Manuel Maza, se ha remitido al contenido de esta nota al ser preguntado por los periodistas antes de acudir a un almuerzo en el Club Financiero Génova, situado a pocos metros de la Audiencia Nacional. Ha añadido que no se pronuncia sobre asuntos en curso "y más declarados secretos".

"Es igualmente incierto, en concreto, que se intentara paralizar la investigación en lo referido al expresidente de la Comunidad de Madrid señor (Ignacio) González", continúa el comunicado en alusión a la detención ayer del exmandatario madrileño.

Las diligencias de investigación enmarcadas en la 'Operación Lezo' contra la corrupción en filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica causaron una 'rebelión' mayoritaria en el seno de la Fiscalía Anticorrupción el pasado martes, a consecuencia de la orden dada por el fiscal jefe del departamento, Manuel Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso sobre el registro en el domicilio de uno de los imputados.

Fuentes de la fiscalía Anticorrupción han confirmado a Europa Press que no se trataba en ningún caso del registro en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que ha sido detenido, ni en el de ninguno de los principales imputados. Afectaba a otro de los investigados por hechos anteriores a la llegada de aquéllos al Canal de Isabel II.

Según insiste la Fiscalía General en su nota, "las puntuales discrepancias técnico- jurídicas existentes en el seno de la Fiscalía Anticorrupción fueron resueltas en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las fiscalías".

Añade que "no es posible, en el momento actual, entrar en el fondo del asunto ni desvelar elementos ni datos del procedimiento por encontrarse declarado el secreto de sumario. Debe recordarse que cualquier revelación del contenido del mismo puede afectar gravemente al buen fin de la investigación".

Según las fuentes consultadas, Moix ordenó "desvincular cronológicamente" este registro y el "bloque de hechos" relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra.

En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden "que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente" se lo hará saber a su fiscal jefe "mediante informe razonado" y que, si éste "no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía".

Eso es lo que ocurrió el pasado martes en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, y tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento -todos menos uno-- apoyaron a los compañeros de la Operación Lezo y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el citado registro.

Según ha confirmado el propio Moix a Europa Press, tras oír a la junta el podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco.

Sin embargo, una vez escuchó el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, el imputado afectado podría hacer desaparecer documentos, y el registro fue finalmente incluido junto a los demás.

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