La Sala de lo Penal cree, por diez votos contra cinco, que la recuperación de los cuerpos no es urgente
MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó hoy por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, incluida la que supuestamente alberga los restos del poeta granadino Federico García Lorca, informaron fuentes jurídicas.
Los magistrados adoptaron esta decisión con carácter "cautelarísimo" durante un Pleno de la Sala que fue convocado, con carácter extraordinario, tras recibir esta misma mañana un escrito de la Fiscalía instando la suspensión de los trabajos.
Así, ordenan al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones" acordadas por su titular, Baltasar Garzón, y su sustituto, Santiago Pedraz, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
La resolución cuenta con el voto particular de cinco magistrados contrarios a la paralización de la apertura de fosas. No obstante, la Sala requiere a Garzón que paralice "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres" en tanto "no se resuelva la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal" al objeto de apartar al magistrado de la investigación.
La Sala, que estuvo reunida durante más de dos horas, toma esta decisión "en estricto cumplimiento" del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), que establece que mientras no se resuelva el incidente de competencia deben practicarse exclusivamente "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia", entre las que no se encontrarían las exhumaciones.
Al Pleno acudieron un total de 15 magistrados, es decir, todos sus miembros a excepción de los jueces Enrique López, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada.
FOSA DE LORCA Y VALLE DE LOS CAÍDOS.
Según las citadas fuentes, si al analizar la cuestión de fondo la Sala estableciera que Garzón no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo,se acordaría la anulación de todas las diligencias ordenadas por su Juzgado, entre las que se encuentran las exhumaciones autorizadas en fosas comunes de 25 lugares de España.
Entre estos lugares se encuentra el Valle de los Caídos, que alberga un columbario en el, entre otros restos, reposan los de siete vecinos de Pajares de Adaja (Ávila), cuya exhumación ha sido ya autorizada por Garzón y la fosa de García Lorca, situada entre los municipios granadinos de Víznar y Alfácar.
La medida también afecta a las exhumaciones que se iban a realizar en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Aguilar de la Frontera (Córdoba), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristóbal (Navarra), La Serna (Madrid), el Cementerio General de Valencia, Villanueva de la Vera (Cáceres), Calviá y Porreres (Mallorca).
La orden de la Sala de lo Penal será remitida a los juzgados de los territorios en los que están situadas estas fosas, que en principio eran los que iban a encargarse de coordinar las labores de recuperación de los cuerpos.
El escrito remitido esta misma mañana a la Sala por el Ministerio Público estaba firmado por el fiscal Carlos Bautista al encontrarse fuera de España el fiscal-jefe, Javier Zaragoza. En él se justifica en que las exhumaciones podrían causar "a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación".
La petición se produjo después de que Pedraz, en sustitución de Garzón, que se encuentra de baja médica, autorizara ayer a la familia del poeta granadino Federico García Lorca para que presenciara la apertura de su fosa y, por otro lado, admitiera la exhumación de cuerpos en otros seis diferentes lugares de la Península, que se suman a los diecinueve incluidos en el auto por el que se abrió la causa.
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA.
El Pleno de la Sala de lo Penal inició el pasado día 23 de octubre las labores para estudiar si Garzón es competente para investigar estos hechos, aunque este trámite quedó paralizado de facto por la baja médica del juez, que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, lo que le incapacita para presentar el informe necesario para que la Sala tome una decisión.
El fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, consideraba en ese escrito que el juez instructor "carece manifiestamente" de atribución "objetiva y funcional" para investigar estos hechos. El Ministerio Público promovió el incidente de competencia en virtud del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso".
Ese mismo día Garzón se negó a dar trámite al recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo tomada en un auto hecho público el 16 de octubre. El juez consideraba que debía ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien respondiera en primera instancia a las objeciones del Ministerio Público respecto a esta instrucción.
