MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Carmen Negrín --nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín-- ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional el archivo definitivo, por parte del Tribunal Supremo, de una querella por prevaricación que ella había presentado contra los diez magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que paralizaron las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el juez Baltasar Garzón.
En concreto, Negrín solicita la anulación de una providencia dictada por la Sala de lo Penal del Supremo el pasado 14 de abril que denegó a esta parte la posibilidad de recurrir en súplica el archivo de la citada querella. Negrín considera que esta decisión del Tribunal Supremo vulneró sus derechos fundamentales.
Con esta petición, Negrín pretende que el Tribunal Constitucional obligue al Supremo a replantearse este asunto y reabrir la causa en la que se acusa los magistrados que votaron a favor de frenar la investigación sobre las fosas de haber tomado, "a sabiendas, una decisión injusta".
La querella penal presentada por Negrín ante el Tribunal Supremo, que fue archivada inicialmente el pasado 6 de febrero, va dirigida contra el fiscal Bautista; el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; los presidentes de las otras tres secciones que componen este órgano: Fernando García Nicolás (Segunda), Alfonso Guevara (Tercera) y Ángela Murillo (Cuarta), así como los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado, Paloma González Pastor, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.
En su auto de archivo, el Tribunal Supremo se manifestó en coincidencia con el criterio de la Fiscalía al respecto, al no apreciar en la decisión de los magistrados de la Audiencia nacional una actuación arbitraria ni tampoco un retorcimiento del derecho.
ARGUMENTOS DE NEGRÍN.
Por el contrario Negrín considera que los magistrados de la Sala de lo Penal incurrieron en prevaricación al frenar la investigación iniciada por Garzón.
"A sabiendas, se han servido de un artificioso incidente de competencia para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión (la investigación sobre las desapariciones durante el franquismo), invalidar la conexión entre los delitos investigados y negar incluso la existencia del delito contra las altas instituciones del Estado y la forma de Gobierno como medio de cometer crímenes contra la Humanidad, a fin de fundamentar, por una vía procesal que saben que es irregular, el auto de 2 de diciembre de 2008 que prohíbe investigar los delitos al único juzgado que estaba conociendo de ellos".
A su juicio, los magistrados de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional negaron a Garzón "al margen de todas las reglas del procedimiento aplicables, el derecho-deber de declararse competente o incompetente", clausurando 'de facto' la investigación de graves delitos "a conciencia de que ningún otro órgano judicial los estaba investigando y sin designar ningún otro órgano competente". Además, impusieron "la denegación de la justicia a los ofendidos por el delito".
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas. Los magistrados adoptaron esta decisión con carácter "cautelarísimo" durante un Pleno de la Sala que fue convocado, con carácter extraordinario, tras recibir esa misma mañana un escrito de la Fiscalía instando la suspensión de los trabajos.
