Muñoz, Román y tres ex ediles aceptan la multa e inhabilitación en el caso de tres licencias presuntamente ilegales

Actualizado 14/11/2007 16:43:05 CET

El juicio sigue contra otros dos acusados y se citará para declarar el viernes al secretario y al funcionario que inició el caso 'Malaya'

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román y los ex ediles Mario Jiménez, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo se conformaron hoy en un caso por delito continuado contra la ordenación del territorio, en el que el fiscal pide multa y nueve años de inhabilitación --siete años en el caso de Zurdo--, al acusarles de conceder en 1997 y en 1998 tres licencias presuntamente ilegales a particulares para viviendas unifamiliares, según afirmaron fuentes de las defensas.

No obstante, el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga celebró juicio contra otros dos de los acusados, Rafael González y Manuel Calle, que no quisieron conformarse ni con los hechos ni con la pena solicitada por el fiscal en sus conclusiones provisionales, en las que señala que las tres licencias fueron dadas "obviando la normativa jurídica existente" sobre los suelos y de acuerdo con convenios entre los particulares y el Ayuntamiento que no fueron incorporados al Plan General.

Los dos procesados coincidieron en su declaración en que los miembros de la comisión de gobierno "confiaban" en la información que les daba el entonces secretario, Leopoldo Barrantes, quien leía las indicaciones de si eran favorables o no esos permisos, contenidas en unos cuadernillos, remitidos por el servicio jurídico de Urbanismo, dirigido por Jorge González, funcionario cuya declaración dio origen al 'caso Malaya'. Tanto éste como el secretario han sido citados a testificar el viernes en este juicio a instancia del juez tras estas manifestaciones.

Ambos acusados dudaron de su asistencia a las comisiones en las que se aprobaron estas tres licencias concretas y pusieron de manifiesto presuntas irregularidades en las actas de esas reuniones, aportando documentación a través de sus abogados. Asimismo, los dos coincidieron en que no tenían conocimientos de urbanismo, en que "nunca" les advirtieron de ilegalidad ni vieron los informes, y en que las actas no se firmaban ni se leían posteriormente.

Además, coincidieron en que el entonces alcalde Jesús Gil era el que tenía las competencias de urbanismo. Así, Calle no quiso ratificarse en sus declaraciones en la instrucción, al asegurar que éstas eran "según la forma de pensar de José Luis Sierra", abogado externo del Ayuntamiento; y precisó que "han aparecido hechos nuevos que demuestran un contubernio muy claro". Por su parte, González dijo que Gil nunca incidió en su sentido del voto, sino que "yo incluso he preguntado muchas veces si era legal".

También declaró, en este caso como testigo, una de las personas que solicitó licencia para una vivienda unifamiliar, quien afirmó que lo vio "todo normal" en la tramitación del papeleo, aunque reconoció que el permiso "me lo dieron muy rápido". La testigo dijo que en la zona donde se ubica su casa había viviendas construidas desde hacía mucho tiempo, incluso podrían ser 10 años, y negó haber negociado el convenio con ninguno de los dos acusados, ni con los otros cinco ex cargos públicos.

De hecho, dijo que habló con el ex edil Francisco Garrido, que ha sido citado a declarar también el viernes, con expediente de sanción por incomparecencia hoy, al igual que ha ocurrido con otra de las personas que solicitó la licencia. Comparecerá, asimismo, el propietario de otra casa ubicada en la zona desde los años 80.

La primera comisión de gobierno se celebró en febrero de 1997 y en ella se acordó, sin la presencia de Dolores Zurdo, según el escrito inicial del fiscal al que tuvo acceso Europa Press, otorgar licencia de obra a dos particulares para viviendas unifamiliares sobre suelo rústicos de protección de vías de comunicación, en un caso, y de protección de cultivos, en otro, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968.

Las parcelas eran no urbanizables conforme al Plan de 1986. En otra comisión de marzo de 1998, se concedió otra licencia para una vivienda también unifamiliar "construida" asimismo sobre suelo rústico de protección de cultivos especiales.

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