Su matrimonio con la Infanta Cristina le permitía ejercer "presión moral suficiente" sobre los funcionarios públicos, según la sentencia
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La sentencia del caso Nóos asegura que la proximidad a la Jefatura del Estado del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, "resultó determinante" a la hora de mover la voluntad de las autoridades, que asumían sin cuestionamiento alguno sus pretensiones.
El tribunal, que le ha condenado a seis años y tres meses de prisión por la comisión de delitos de prevaricación, malversación, fraude, dos delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, considera que su "privilegiado posicionamiento institucional resultó esencial para la obtención en su beneficio de determinados contratos.
Las tres magistradas encargadas de juzgar el caso se refieren cuando realizan esta afirmación a la intervención de Urdangarin al patrocinio del equipo ciclista Banesto. A resultas de este contrato la empresa de Urdangarin y Torres se hizo con más de 340.000 euros públicos para dar seguimiento al patrocinio, montar una 'oficina del proyecto' y elaborar material promocional.
Aseguran respecto a la prevaricación en este caso que resulta evidente que sin su mediación el delito no habría podido cometerse, dice la resolución que destacada también el papel fundamental jugado en la operación por el entonces presidente balear, Jaume Matas, y el socio del marido de la infanta, Diego Torres.
"PRESIÓN MORAL"
No es la única vez que la sentencia menciona la vinculación de Urdangarin con la Casa del Rey. También precisa en otro punto que se prevaleció de su papel como miembro de la Familia Real, "con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido", para ejercer la "presión moral suficiente" sobre los funcionarios públicos.
En el apartado de hechos probados, el tribunal refleja que la colaboración entre la fundación heredera de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) fundó su convenio con la Fundación Madrid 16, destinado a impulsar la candidatura olímpica de la capital, en esta proximidad.
La misión de Urdangarin debía ser la de impulsar "tareas propias de un lobby", dirigidas a la realización de toda una serie de acciones tendentes a influir ante los miembros del Comité Olímpico Internacional, con la intención de que éstos adoptaran decisiones favorables a los intereses de la candidatura.
Esa función se le otorgó --dice la resolución-- "con ocasión de su condición de deportista de élite, su vinculación al movimiento olímpico y su proximidad a la Jefatura del Estado" que le permitía disponer de "contactos e influencias al más alto nivel entre los miembrosdel Comité Olímpico Internacional".
