La Oficina Antifraude de Cataluña defiende que la ley de transparencia se aplique a la Monarquía

Daniel de Alfonso (dtor.OAC) Núria de Gispert (pta.Parlament Catalunya)
EUROPA PRESS
Actualizado 01/03/2013 15:30:46 CET

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, defiende que la Monarquía sea una de las instituciones a las que se aplique la ley de transparencia que elabora el Congreso.

Lo ha declarado este viernes a los periodistas tras reunirse con la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, a la que ha entregado la memoria de actividades de la oficina, y un informe sobre transparencia.

De Alfonso ve dos argumentos que justifican incluir la Corona en la ley: que su financiación "sale de los impuestos" de los ciudadanos, y que el caso Urdangarin está próximo a ella, aunque considera que no afecta a la Casa Real.

"No toca a la Casa Real, pero está muy cerca", ha sentenciado De Alfonso, que se ha puesto a disposición del Parlamento autonómico para colaborar en la ley de transparencia que, igual que el Congreso, está elaborando la Cámara catalana.

Precisamente este viernes han empezado en el Parlamento catalán los trabajos de la ponencia que deberá elaborar la norma, y ha argumentado que la oficina debe participar en ella porque, según la ley que regula la OAC, su principal misión es velar por la transparencia.

COMO UN ESTADO

De Alfonso ha destacado el trabajo realizado por la oficina en el 2012, año durante el cual ha abordado 500 casos, de los que han "cerrado" 71 y 20 de los cuales han acabado en la Fiscalía.

Pese a que no ha querido entrar en el debate soberanista, ha destacado que la oficina trabaja como si fuera una organización estatal, y ha recalcado que ha entrado en el Comité Ejecutivo de la International Anti-Corruption Academy (IACA), un comité formado por Estados.

Al preguntársele por los casos de presunta corrupción y espionaje que afectan a Cataluña, ha defendido que la situación no es "catastrófica", aunque sí ha destacado la necesidad de trabajar judicial y legislativamente para evitar que se repitan.

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